[NOTA] ADI! ante el nombramiento de Mariscal de Gante para resolver el #alquilerSanAntonio

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Las cuatro ministras del primer gobierno de Aznar: Loyola de Palacios, Margarita Mariscal de Gante, Esperanza Aguirre y Isabel Tocino.

El nombramiento de la ex ministra Mariscal de Gante como presidenta del Tribunal que resolverá el caso “San Antonio”, creemos que obstaculizará el esclarecimiento del caso, y que no ayudara a una sentencia objetiva del mismo.

Cabe recordar que Mariscal de Gante fue la titular del Ministerio de Justicia con el Gobierno de Aznar, y que será la responsable de analizar, junto con un magistrado nombrado por el PP Jose Manuel Suarez y otro nombrado por el PSOE, el recurso presentado por los populares contra el fallo del Tribunal de Cuentas.

Al Tribunal que ella presidirá le corresponde admitir o no las alegaciones presentadas por el ex alcalde Alfonso Alonso y los ocho concejales del PP, que componían el Gabinete municipal en el 2007, contra la sentencia que les obligaba a pagar 393 862,31 € por suscribir el contrato abusivo de alquiler del local, sito en la calle San Antonio propiedad de Gonzalo Antón.

El PP puso en su momento en duda, la imparcialidad de la magistrada que dicto la sentencia inicial Mº Antonia Lozano Álvarez nombrada por el PSOE a propuesta de IU, hoy nosotros ponemos en cuestión la tendenciosidad de tal decisión a favor de los encausados.

En diversas ocasiones desde Instituciones Europeas se ha tachado al Tribunal de Cuentas como un órgano politizado, lo que impide desarrollar con imparcialidad y objetividad sus funciones.

El Alcalde Urtaran ya comentó, que no es la más adecuada para resolver la sentencia de este caso, no por ser nombrada magistrada por el PP, sino por haber ocupado cargos en el mismo partido que los imputados.

Todo ello nos lleva a poner en cuestión, al aparato judicial del Estado por su falta de imparcialidad. La independencia judicial es indispensable para garantizar que los procesos y las sentencias que se deriven de ellos sean lo más objetivas y justas posibles, depurando responsabilidades y yendo hasta el final de estos casos, en los que están involucrados políticos de relevancia.

El alargar procesos judiciales, sirve para llevar al olvido, para eliminar tensión social, condicionando la sentencia a favor de los encausados, mas, si estos pertenecen a la clase política, pudiendo mitigar la propia sentencia.

Todo ello, la falta de un poder judicial realmente independiente y al margen de toda supeditacion politica, y el alargar los procesos judiciales, hace que la mayor parte de los involucrados en estos casos se sientan impunes, por que les ampara la Ley.

Un Ley hecha para perpetuar el actual status quo, que defiende a los poderosos y castiga a las personas que cadecen de este tipo de influencias y corporativismo político-judicial. Una estructura judicial fundamentada para legitimar y absolver este tipo de hechos cuando estén involucrados personajes políticos, a pesar de haya claros indicios de su actuación contraria a los intereses de la ciudadanía, esto es el uso de los recursos públicos para el beneficio privado.

Cabe la posibilidad que desde la legalidad actual puedan ser absueltos, pero desde la legitimidad ciudadana no se aceptan estas conductas contrarias a nuestros intereses sociales. Los políticos son elegidos para atender a las necesidades sociales, se deben a los ciudadanos y a sus intereses, no a favorecer intereses particulares, a fomentar el capitalismo de amiguetes al que nos tienen acostumbrados.

Cuando un caso como es el caso San Antonio, ha generado alarma social y una contestación social, que ha llevado incluso a los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a ponerse de acuerdo y presentar alegaciones de forma conjunta, pone en evidencia la negligencia cometida por las personas que en aquellos momentos regían el Ayto de nuestra ciudad, pone en evidencia un contrato urdido en la sombra, lesivo para los intereses de los vitorianos, que hoy estamos pagando con nuestros impuestos.

Contrato gravoso para los intereses de la ciudadanía vitoriana, sobredimensionado en sus planteamientos, cuestionado por todos los agentes sociales por beneficiar únicamente a un particular. Contrato sospecho de ser el resultado del pago de algún favor a Gonzalo Antón por parte del PP, que hasta ahora no se ha aclarado.

El tener que esperar una sentencia desde un órgano politizado como correa de transmisión de los intereses de los partidos políticos representados en dicho Tribunal, no nos augura demasiadas esperanzas en que dicho caso sea aclarado, y a sus responsables sancionados.

Aplaudimos en su momento la sentencia del Tribunal de Cuentas al considerar lesivo, y contrario a los intereses ciudadanos el mencionado contrato y expresamos nuestra alegría porque un Tribunal nada sospechosos de estar en una táctica anti PP, reconociera la nefasta gestión de Alfonso Alonso y su corporación en el contrato del caso San Antonio, lo que manifestaba lo escandaloso del caso.

Esperemos que a pesar de la tendenciosidad en la composición del mencionado tribunal, la obviedad del deplorable contrato quede de manifiesto.

No obstante, independientemente de las decisiones que adopte el Tribunal, el caso no está cerrado. Tenemos la convicción del trato de favor hacia Gonzalo Anton, y la denuncia hacia quienes dieron el visto bueno al mismo.

A un contrato que vacía las arcas públicas en beneficio de un privado, cuando las condiciones básicas de vida se deterioran día tras día, y cuando corresponde a la clase política velar y gestionar de forma transparencia y orientando los recursos públicos a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, esto es, destinar nuestro dinero para paliar la grave situación económica de muchos de nuestros conciudadanos.

Por ello nos reafirmamos en nuestra denuncia, y en exigir responsabilidades hacia Alfonso Alonso y a la corporación del PP que dio su beneplácito a este contrato, en el año 2007. No podemos dejar en manos de este tipo de personas la gestión de lo público, ya que es evidente el derroche de los recursos públicos, y el favoritismo para enriquecer a sus amiguetes, mientras desatienden las necesidades sociales.

@adielkartea

adielkartea@gmail.com

www.adielkartea.com

Apartado de Correos 38 , 01080 Vitoria-Gasteiz

A pesar de veto de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, #Panamapapers el jueves 7 de julio, a la 19h en Hala Bedi Taberna (Kutxi n°98)

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​A pesar del veto de los responsables políticos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa para realizar, en dichas instalaciones públicas, una charla divulgativa sobre los nexos con Euskal Herria de los papeles de Panamá, la charla se va a celebrar este mismo jueves, 7 de julio a las 7 de la tarde en Hala Bedi taberna ( Kutxi n°98).

Desde estas líneas agradecer a Hala Bedi Taberna por cedernos su espacio y denunciar la actitud de los responsables políticos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa por cerrar sus puertas a una charla que lo único que pretende es ofrecer una información transparente sobre elusión fiscal.

No es la primera vez que organizamos una charla divulgativa en las instalaciones públicas de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa y no es la primera vez que nos ponen trabas. Cuando invitamos a la catedrática de la Universidad Pública de Navarra Inés Olaizola, para que nos hablara sobre la financiación ilegal de los partidos políticos, en primera instancia se nos denegó el permiso alegando que la charla era un acto electoral (sic). 

Volvimos a ponernos en contacto con los responsables de la Casa de Cultura y conseguimos que finalmente dieran marcha atras en su decisión y la charla pudo celebrarse con normalidad.

Pero esta vez, con los “Papeles de Panamá” no ha sido así. Hemos solicitado explicaciones sobre el veto y no nos han respondido absolutamente nada. 

#Kutxabank auzia: Ilegalki ordainketak egitea leporatzen diete @s8ara bidez @argia n

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“Zentzuzko kriminalitate adierazgarriak daude helegileen aurka”. Hori da Bizkaiko Auzitegi Probintzialaren autoak dioena, Garak argitaratu duenaren arabera. Mario Fernández eta Mikel Cabieces, Rafael Alcorta abokatuarekin batera, epaitu egingo dituzte beraz, bidegabeko jabetze eta administrazio desleial eta iruzurrezkoagatik.

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5.783 euroko soldata jasotzen zuen Mikel Cabieces sozialistak Kutxabanken eskutik Mario Fernández zuzendari zenean. Ustez Rafael Alcortaren abokatu-langelaren bidez legelari lanetan aritzeagatik ordaintzen zitzaion, baina entitate honek Kutxabankekin zuen kontratuan zuzenbide zerbitzuak bitartekorik gabe egingo zirela zegoen hitzartuta.

Gauzak horrela, Fernándezek Cabiecesekin egindako kontratua “presidente karguaren nagusikeriarekin” egin zuela ebatzi du Auzitegiak, eta Kutxabanken funtsen erabilera “bidegabea” izan zela.

Kutxabank auzia erakundeak berak jarritako salaketa baten ondoren lehertu zen eta Fernándezek 243.592 euro itzuli zituen orduan.