Corrupción a la vasca

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eldiarionorte Euskadi

Un rápido repaso al año 2014, con un aumento de denuncias por delitos como fraude o tráfico de influencias en los juzgados vascos, echa por tierra definitivamente esa ya lejana creencia de que en Euskadi no hay corrupción.

Cargos que cobran 210.000 euros de una sociedad pública por no ir a trabajar, el juez Ruz que señala financiación ilegal en la sede del PP en Bilbao y amenazas para acallar una polémica adjudicación con pérdidas millonarias para las arcas públicas son solo algunos de los casos que empañan la gestión de las instituciones vascas.

 

El  40% de la ciudadanía vasca cree que hay corrupción en el Gobierno vasco y en las diputaciones forales según los datos del último sondeo del Deustobarómetro, encuesta elaborada por la Universidad de Deusto. Esta percepción no es infundada. Es cierto que Euskadi no encabeza la lista de comunidades más corruptas pero tampoco se salva de la lacra. Los dirigentes empeñados en seguir alardeando de que sus formaciones poseen una hoja inmaculada en materia de corrupción han quedado en evidencia por su impostado mensaje cada vez que se ha destapado un nuevo caso. Sólo en el último mes del 2014 se acumulan media docena de denuncias en Fiscalía por actuaciones irregulares. El año acaba como empezó, con escándalos por corrupción política.

En enero, más que sonrojados se han sentido algunos miembros del PNV al descubrirse las actuaciones de ciertos de sus dirigentes. Uno de los casos más sonados fue el destapado por eldiarionorte.es a principios de año, el del  ex alto cargo del PNV que cobraba 210.000 euros de una sociedad pública sin ir a trabajar.

Juan Cruz Nieves, quien fue diputado foral de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (la entidad que gestiona las obras del metro), estaba adscrito desde 2011 como adjunto a la gerencia de la sociedad Ibarzaharra, propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao, creada para regenerar suelos industriales en este municipio. Cobraba su nómina de cerca de 59.000 euros brutos anuales, más un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad (ni siquiera externa). Pese a que cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía abandonar ya este cargo acogiéndose a la jubilación, siguió en el puesto cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral.

El exasesor del presidente del PNV, Andoni Ortuzar

La Inspección de Trabajo de Bizkaia sancionó tanto a Juan Cruz Nieves como a la empresa pública Ibarzaharra. Meses más tarde el caso saltó a los tribunales por los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación. Un juzgado de Barakaldo inició en septiembre una investigación formal en la que están imputados el exalto cargo Juan Cruz Nieves y también Iñigo Camino, un exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar y asesor ahora del PNV en las Juntas de Bizkaia, por cobrar ambos de una empresa pública sin ir a trabajar. Iñigo Camino entre abril de 2008 a septiembre de 2009 estuvo también como adjunto a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra sin acudir en ningún momento a su puesto de trabajo. “A Iñigo Camino no le visto el pelo”,contestó con contundencia el gerente de la sociedad pública Ibarzaharra cuando el inspector de trabajo le pregunta por las tareas que desarrollaba Camino miembro en la empresa. Pese a su ausencia continuada cobraba 58.000 euros brutos anuales, lo que supone en ese año y medio, que tuvo nómina de la sociedad pública Ibarzaharra percibió cerca de 80.000 euros.

En ese periodo Camino ejerció al mismo tiempo el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De hecho fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década. El contrato que tenía con Ibarzaharra establecía un régimen de exclusividad. El exdirector de Deia trabaja ahora como asesor del PNV en las Juntas Generales del territorio.

Entregas en efectivo al gerente del PP en Euskadi

El PP vasco se vió también salpicado por la polémica desde que en octubre no ya Luis Bárcenas, sino el propio juez Ruz, señalase la irregularidad en la financión de las obras de la sede del PP en Bilbao. Un año antes la documentación del ex tesorero ya reveló que se pagaron 480.000 euros, el 40% del coste de las obras, con dinero procedente del PP de Madrid. Los populares vascos aseguraron entonces que “todo lo había pagado el PP vasco”. Pero el auto de Ruz desmiente su versión. Afirma que un directivo de una constructora vasca aportó 36.000 euros. Asegura que las obras se abonaron mediante un método “muy similar en cuanto a estructura y funcionamiento a la establecida en los conocidos como papeles de Barcenas”. Se pagó mediante transferencias, abonos directos desde Madrid y entregas en efectivo al gerente del PP en Euskadi.

La investigación da entonces un salto cualitativo. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) de la Policía revela cómo al menos un empresario de la construcción (Emilio Álvarez López) financió la compra de la sede del PP en Bilbao y cómo posteriormente su empresa (Grupo Bruesa, Construcciones Bruesa) se beneficiaba de adjudicaciones de obra pública de Administraciones controladas por el PP. El documento apunta que todo eso se hizo siguiendo un plan concebido por el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien creó una cuenta específica denominada “Sede Vizcaya” para realizar los pagos de una sede que costó un millón de euros. Todo ello está reflejado en el extenso informe policial de 145 páginas, al que tuvo acceso eldiarionorte.es. Si la trama acaba ahí o aún hay más es algo que quizás el 2015 revelará, si es que el juez Ruz consigue cerrar las causas pendientes contra el PP.

Un alquiler millonario sangrante para el Ayuntamiento de Vitoria

Otros casos, más o menos sonados, han suscitado la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía. En Vitoria-Gasteiz dió que hablar, y mucho, el del polémico alquiler del local de la calle San Antonio que finalmente fue sobreseído en los tribunales pero supuso  la primera reprobación en la historia del consistorio vitoriano para un alcalde, el popular Javier Maroto. La corporación censuró al primer edil por “mentir reiteradamente en lacomisión de investigación municipal abierta para aclarar la firma del contrato millonario y de actuar” en contra del interés general por pagar por el alquiler de un local en la calle San Antonio casi el doble del precio que abonó el propietario por su compra. El propietario del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros.

Otras situaciones de presunta corrupción en Álava se localizan a nivel foral, en torno a la entidad encargada de las obras públicas en la provincia, Arabako Lanak. Se conoció hace menos de un mes. El irregular desarrollo de la selección de personal para la contratación de un empleado de forma indefinida en la sociedad pública suscitó sospechas. Se hizo sin la publicidad necesaria en estas contrataciones públicas. La Fiscalía ha abierto diligencias para que el Área de Delitos Económicos de la Ertzaintza analice la contratación de un trabajador y de dos expedientes de obra firmados entre los años 2010 y 2011. La Policía vasca por orden del fiscal deberá investigar otras dos operaciones de obras cuyo coste total se acerca a los 900.000 euros.

Investigaciones sobre la gestión de las autopistas

El conocimientos de estos hechos coincidía en el tiempo con la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de una denuncia interpuesta por el grupo de EH Bildu de las Juntas Generales de Álava por un “ presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos”. Según los cálculos de la coalición, el contrato con la empresa que gestiona la autopista AP-1, Bidelan, firmado por el anterior diputado foral, el peneuvista Xabier Aguirre, y calificado de “gravemente lesivo” para las arcas forales por los propios informes técnicos y jurídicos de la Diputación, podría implicar un sobrecoste de tres millones de euros.

Las anomalías en la gestión de las carreteras no es algo exclusivo del territorio alavés. En  Gipuzkoa no dejan de abrirse nuevos capítulos, a cada cual más escándaloso, sobre Bidegi Gipuzkoako Azpiegiturak SA, la entidad pública creada en el año 2002 cuando gobernaba el PNV la Diputación foral,  para gestionar el cobro del canon de la autopista AP-8, así como la realización de ampliaciones o nuevas construcciones de vías de alta capacidad. El último sonoro episodio por el que Bidegi ha saltado a la palestra es la querella criminal presentada por la Diputación de Gipuzkoa contra tres ex responsables de esta sociedad pública. Según los análisis realizados, se pagaron 3,4 millones no ejecutados y se les imputan los delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. En 2011 Bidegi contaba ya con una deuda de 900 millones de euros por obras que ya se habían ejecutado y que habían supuesto unos sobrecostes de alrededor de un 60% en muchos tramos.

“Me dijo que estuviera con el pico cerrado”

Otras gestión del PNV, esta vez en torno a la adjudicación y construcción de lasobras del polideportivo Pinosolo de Leioa, esta siendo estudiada en los tribunales para dirimir si en su actuación pueden existir responsabilidades penales. A las puertas del juzgado, tras presentar la denuncia, el secretario general del PP de Bizkaia, Javier Ruiz, declaró que “en este caso confluyen concursos amañados con decisiones teledirigidas que pretendían favorecer a una determinada empresa aunque ello haya supuesto pérdidas millonarias para las arcas públicas de 1,6 millones de euros”. La historia toma tintes de trama orquestada tras salir a la luz las amenzadas del gobierno municipal del PNV en Leioa contra un exgerente de la sociedad que gestionó la polémica adjudicación.  “Me dijo que estuviera con el pico cerrado”, denunció Luis Ángel Gómez, exgerente de Leioa Kirolak, en un vídeodifundido en el diario Gara.

Y suma y sigue. Las irregularidades en el proyecto y la construcción de una planta de depuración de residuos animales, conocidos como purines, en Karrantza (Bizkaia) han sido corroboradas recientemente por un juzgado de Bilbao que ha derivado a los querellantes, EH Bildu, al juzgado de Balmaseda por una cuestión competencial. La coalicción interpuso una querella contra 27 miembros de los consejos de administración de las mercantiles Ade Biotec SL y Karrantza Minda SL por un delito de apropiación de dinero público. Para EH Bildu, en este caso hay que hablar de “responsabilidades políticas y penales”, ya que “el fiasco de la planta de purines de Karrantza no hubiese sido posible sin la colaboración y el protagonismo de Martin Ascacibar, director de Investigación Agropecuaria del Gobierno vasco dirigido por Juan José Ibarretxe en el periodo en el que se gestó el proyecto de la planta y durante la adjudicación del mismo a la empresa Ade Biotec”.

Karranza, Muskiz y Bakio

EH Bildu asegura que se trata de un caso de “corrupción política” que el PNV debe “explicar” ya que “han desaparecido 10 millones de euros de dinero público y el proyecto ha fracasado”. De momento, la formación presentará sendas iniciativas en el Parlamento vasco y las Juntas Generales de Bizkaia para solicitar una “auditoría” sobre las subvenciones públicas concedidas para la construcción de esta planta de purines, que finalmente no se materializó.

Atrás queda aunque no olvidada la investigación que la Fiscalía de Bizkaia inició a principios de año sobre el alcalde de Bakio, Aitor Apraiz (PNV) y cuatro empresas por presuntos delitos de malversación, fraude, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas. Las indagaciones se centraban en un proyecto de un museo del txakoli, Txakoligune, por el que se pagaron más de medio millón de euros por una obra inacabada y de sobrecostes de 100.000 euros en el presupuesto inicial.

Un juzgado de Barakaldo también investiga la gestión del Ayuntamiento de Muskiz  por un supuesto perjuicio de más de 200.000 euros para las arcas municipales. El grupo independiente Muskiz Bai denunció tras casos diferentes: la contratación a un arquitecto de un proyecto por 17.100 euros pese a que “no podía ejecutarse” por incumplir el planeamiento urbanístico;  la adjudicación de la comunicación municipal a una empresa por 17.870 euros (el máximo para que sea un contrato menor y poder realizarse a dedo es 18.000 euros)  que luego se aumentó a 21.200 y a los que posteriormente se añadieron más pagos por 47.700 euros, y la contratación de alumbrado municipal a una empresa por 23.000 euros, que luego se incrementa hasta los 27.400 y que posteriormente recibe otros 136.800 euros.

Un alcalde con sobresueldo

También han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal de ciertos ayuntamientos pero sin mediar denuncia en los tribunales. En enero del 2014 se destapó uno de ellos, un exalcalde del PNV con un sobresueldo de 50.000 euros. El Tribunal Vasco de Cuentas constató la ilegalidad del anterior alcalde del municipio vizcaíno de Orozko, Juan Antonio Ollaguenaga. Percibió durante tres años y medio más de 50.000 euros de una sociedad pública municipal cuando también cobraba un sueldo como primer edil. Se conoció en noviembre de 2011, cuando el actual alcalde, del grupo independiente Adie, lo hizo público y anunció que renunciaba a dicho sueldo.

No es de extrañar que dado el panorama el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en una entrevista concedida a eldiarionorte.es declarase abiertamente que “en Euskadi hay corrupción. Nos merecemos un Fiscal Anticorrupción” .

Mientras desde este órgano judicial solicitaban más medios para luchar contra la corrupción, otros, por sus comentarios, incendiaron aún más los ánimos exaltados por el goteo de casos descubiertos en Euskadi. Las palabras de José Luis Bilbao, el exdiputado general de Bizkaia, provocaron gran revuelo. “Pueden estar tranquilos- en referencia a los presentes en su acto de despedida- porque nunca escribiré mis memorias” en las que “podrían aparecer personas con sus grandezas y sus grandes miserias”. Y añadía que su mensaje iba dirigido a “los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz, los que han repatriado dinero de origen desconocido y van por la calle como unos señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y lo que está bien o mal”. UPyD consideró estas afirmaciones “muy graves y sospechosas porque parece que está encubriendo determinadas actitudes fraudulentas o delictivas” y presentó unadenuncia contra el diputado general de Bizkaia que finalmente fue archivada.

Las instrucciones van lentas

Los casos que quedan pendientes de sentenciar se suman a otros no resueltos que se arrastran desde ejercicios anteriores como el caso De Miguel en Álava, cuya instrucciones va lenta. El peneuvista Alfredo De Miguel tuvo que dimitir en 2010 de su cargo de diputado foral de Álava de Administración local cuando se destapó el caso que hizo temblar al PNV alavés. Se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava tras las 24 grabaciones realizadas por una abogada en una causa en la que se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos.

Intenso ha sido el año como refleja este repaso en lo referente a denuncias por delitos como fraude o tráfico de influencias en los juzgados vascos. ¿En Euskadi no hay corrupción? Nada más lejos de la realidad. Pasen y vean.

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