[OPINIÓN] ¿Cómo acabar con la corrupción?

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Gasteiz Hoy

Las cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura.

Según los datos recabados por Europa Press, entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos de Partidos Políticos o en la Administración Pública-a todos los niveles- principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto del personal como de la empresa.

Hay que distinguir entre la corrupción privada (la que se puede dar tanto en el marco empresarial como en el ámbito deportivo) y la pública, que es la que guarda relación con los políticos, funcionarios públicos y Administraciones Públicas.

Delitos de corrupción

Hay varios delitos ligados con la corrupción: Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, alteración de precios en concursos y subastas públicas, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.

Pero también existen los delitos colaterales, que son consecuencia de los mencionados antes: blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, falsedad documental, encubrimiento, violación de secreto, organización y grupo criminal, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, infidelidad en la custodia de documentos, omisión del deber de perseguir delitos.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción se encuentra con tres grandes trabas:
1-Organizativas (falta de medios materiales y personales)
2-Legislación obsoleta, adaptada a otro tipo de delitos como el homicidio el robo, etc.
3-La complejidad de estructural de las investigaciones relacionadas con la delincuencia económica y financiera.

Este tipo de delitos supone un cambio en el sistema penal en su conjunto, que tiene problemas para adaptarse. Como hemos dicho la legislación está más enfocada a delitos de homicidio, robo… que son visibles y donde el medio característico de prueba es el testimonio.

Los delitos de corrupción se desarrollan en el seno de grandes estructuras organizadas, hay múltiples decisiones individuales, son delitos no visibles, no hay testigos, solo informes técnicos. Estas conductas se mueven en el ámbito discrecional de las administraciones, a veces protegidas por derechos administrativos, como por ejemplo en las contrataciones públicas.

El tema es complejo y nuestra legislación no se ha adaptado a este tipo de ingeniería delictiva, como tampoco se ha abordado el tema de una manera integral. Esto da lugar a un sentimiento de impunidad.

Hay que tener en cuenta que hay conductas que aunque social o moralmente sean reprochables, a día de hoy puede que no constituyan delito y ello impedirá a un juez juzgar y condenar.

Es necesario afrontar una mejora de la legislación penal, que posibilitaría:

1-Una correcta definición de los delitos.

2-Imposición de penas adecuadas, elevándose en relación a determinados tipos penales.

3-Imponer plazos de prescripción de este tipo de delitos más elevados.

4-En medios materiales, creación de órganos especializados con peritos especializados sobre temas contables y financieros y también una policía judicial dependientemente únicamente de los juzgados de instrucción y/o de la Fiscalía que no tengan que dar cuentas a órganos superiores.

5-Modificación de la LECrim para agilizar las causas y mejora de la regulación de las intervenciones telefónicas o abordar nuevos medios de investigación.

6-Reformar las leyes administrativas, por ejemplo la Ley del Suelo y las leyes que regulan la contratación pública para lograr más transparencia.

7- Limitación de los cargos de aforados y que se limite este aforamiento a los delitos que pueda cometer en el ejercicio de su cargo.

8-Reforma del Tribunal de Cuentas, para despolitizarlo y dotarlo de medios personales y materiales adecuados.

No hay que olvidar que:

“La Justicia funciona como la LEY le deja, por lo que, lo que hay que hacer, es mejorar la LEY y ello dará lugar a una mejora en Justicia”.

En el estudio de la ONG Transparencia Internacional que analiza los casos de corrupción en 175 países, España aparece en el puesto 37 de la lista. Sin embargo, la corrupción en nuestro país no es estructural, pero sí con un nivel más que alarmante en la política.

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