Un colectivo anticorrupción estudiará el contrato por el que el Tribunal de Cuentas investiga a Alonso y Maroto #AlquilerSanAntonio

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el TC investiga a maroto y alonso

Un Juzgado reconoce el “derecho” de la asociación Adi de Gasteiz a acceder al expediente 

Miércoles, 16 de Diciembre de 2015 –  Noticias de Alava

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GASTEIZ. Un Juzgado de Gasteiz ha reconocido “el derecho” de la asociación  contra la corrupción Adi a acceder al expediente del alquiler  municipal por el que el Tribunal de Cuentas del Estado está  investigando al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al  vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el  “perjuicio” causado a las arcas públicas durante su etapa al frente  del Ayuntamiento de la capital alavesa.

El colectivo Adi, que ha dado a conocer esta decisión a través de  su cuenta oficial en una red social, ha destacado que la respuesta  del Juzgado se produce después de que el acceso a este expediente les  hubiera sido “denegado” por Maroto.

Esta asociación contra la corrupción podrá acceder, de esta forma,  a la documentación sobre el contrato de alquiler firmado en 2007 por  el Gobierno municipal de Gasteiz, con Alonso como alcalde y Maroto  como concejal de Hacienda, con el empresario Gonzalo Antón.

El órgano fiscalizador ya ha impuesto una fianza conjunta de medio  millón de euros a Alonso y a Maroto –así como al resto de concejales  que formaban parte del Gobierno municipal– por el presunto  “perjuicio” causado a las arcas públicas por aquel contrato, al  considerar que pudo haberse suscrito a un precio muy superior al de  mercado. Además, el Tribunal de Cuentas celebrará una audiencia  previa sobre este asunto el 20 de enero.

Adi ya solicitó su acceso a este expediente el pasado mes de  julio. En aquella ocasión, denunció que Maroto, en su etapa como  alcalde de Gasteiz hasta el pasado mes de junio, les “negó” el acceso  a la información sobre este contrato, que obligaba al Ayuntamiento de   Gasteiz a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Anón.

A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de  veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7  millones de euros. El órgano fiscalizador considera que esta decisión  ha podido causar un “perjuicio” a las arcas municipales.

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