El Gobierno de Lakua pedirá multas para siete de los 26 implicados en el #CasoDeMiguel

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El Ejecutivo autonómico, a diferencia de la Fiscalía, no pedirá cárcel para los implicados en el ‘caso De Miguel’, sino que reclama una multa conjunta de cerca de 222.000 euros para 7 de los 26 encausados en la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la que figuran exdirigentes del PNV.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha formulado ya su escrito de acusación en el llamado ‘caso De Miguel’ y, a diferencia de los 458 años de cárcel, multas que suman 63 millones de euros y otros 120 millones en fianzas que solicita la Fiscalía, Lakua no pide prisión para los encausados y, según publica ‘El Correo’, únicamente reclama una indemnización de 221.770 euros a abonar conjuntamente por siete de ellos por el perjuicio que su actuación causó a las arcas públicas.

Los siete acusados para los que el Gobierno autonómico pide una indemnización son el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, y los también miembros de este partido Aitor Tellería y Koldo Otxandio, así como Josu Montes, el exconcejal de Leioa (Bizkaia) Iñaki San Juan, el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga y el exdirector de Juventud del Ejecutivo autonómico Xabier Sánchez Robles.

El Gobierno de Lakua reclama, además, que las esposas de los principales encausados –De Miguel, Telleria y Ochandio– sean eximidas de cualquier responsabilidad penal, según el citado diario.

La Fiscalía pide más de 54 años de cárcel para Alfredo de Miguel como líder de la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Para Tellería y Ochandiano el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, reclama 32 años de cárcel, otros 30 años para Ainhoa Bilbao (esposa de Alfredo de Miguel) y 21 para Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu (esposas de Tellería y Ochandio, respectivamente).

La Fiscalía considera que el cerebro de la trama ideó crear antes de 2005 un entramado societario para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Añade que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas» y administrativas que tenía por su pertenencia al PNV y contó con la ayuda de otros acusados.

Las defensas de los 26 acusados serán las siguientes en presentar sus escritos y, una vez que concluya la instrucción, el caso pasará a la Audiencia de Araba donde se celebrará el juicio en una fecha aún no determinada pero posterior al verano, según fuentes judiciales.

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