Alonso y Maroto “se van de rositas” por la inacción de PNV y PSOE en el Ayto. #alquilerSanAntonio

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​LA NEGLIGENCIA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS Y DEL ALCALDE URTARAN PUSIERON FIN A LA VÍA CONTABLE.

 

No le encontramos otra explicación. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no agotó todas las vías jurídicas posibles. La sentencia absolutoria era recurrible en casación y se decidió dar carpetazo al asunto. Los artículos en los que se basan los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que el alcalde Urtaran tomara esa decisión, no son aplicables al caso.

El pasado 26 de enero, el último día hábil para interponer recurso de casación contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas del Estado, un medio de comunicación publicó que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz había decidido darle “carpetazo” al alquiler del local de la calle San Antonio, propiedad de Gonzalo Antón. Coincide dicha noticia con que el alcalde Urtaran no se encontraba en Vitoria-Gasteiz, estaba en la ciudad francesa de Angulema, y es desde allí donde tuvo que confirmar la decisión de dar por finalizada la vía contable. Al no presentar recurso y devenir firme la sentencia absolutoria, el Ayuntamiento renunció a recuperar 393.862,31 € y a hacer valer el voto particular discrepante de la sentencia absolutoria ante el Tribunal Supremo.

Según la información publicada ese último día donde finalizaba el plazo para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían desaconsejado al alcalde continuar con la vía contable y le instaban a no recurrir en casación la sentencia absolutoria dictada a propuesta de la exministra del gobierno de la época de Aznar, Mariscal de Gante. Los servicios jurídicos alegan motivos exclusivamente jurídicos para fundamentar esa recomendación, haciendo referencia expresa a la cuantía del pleito y aludiendo a que su importe no llegaría al mínimo exigible, mencionando también que en la propia sentencia del Tribunal de Cuentas del Estado se dice que la misma no es recurrible.

A raíz de la presentación de la cuestión de confianza, el alcalde Urtaran realiza multitud de entrevistas en distintos medios de comunicación y en más de uno le preguntan directamente por la razón de no haber presentado dicho recurso de casación ante el Tribunal Supremo para continuar defendiendo el interés general. La respuesta del alcalde Urtaran es siempre la misma: “Los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos han dicho…” Y lo dice con la misma naturalidad con la que nada mas conocerse la sentencia dijo que el Ayuntamiento, previa consulta con los servicios jurídicos, agotaría todas las vías legales para esclarecer el asunto. Con la misma naturalidad con la que el día 28 de diciembre, en los micrófonos de una radio confirmó que el Ayuntamiento iba presentar recurso para que fuera la Sala del Tribunal Supremo quien diera su opinión sobre el asunto. Ese día no se refirió para nada a los servicios jurídicos. Está grabado. De las palabras del alcalde Urtaran ese día, dos semanas después de que dijera que tenía previsto consultarlo con los servicios jurídicos, es fácil deducir que el Ayuntamiento tenía tomada la decisión de presentar recurso. Pero no fue así y el 26 de enero nos desayunamos con que el Ayuntamiento se retiraba de la causa y daba por buena la sentencia absolutoria.

Pues bien, hemos de denunciar la negligencia de los servicios jurídicos y del alcalde Urtaran. La sentencia dictada a propuesta de Mariscal de Gante era perfectamente recurrible. Los motivos jurídicos alegados para la toma de esa decisión no son aplicables al caso. Ya dijimos el 14 de diciembre de 2016 nada mas darse a conocer la sentencia absolutoria, que la vía administrativa continuaba abierta y seguimos manteniendo que hasta el pasado 26 de enero, esa vía continuaba abierta. Por ello leímos con estupor ese mismo día 26 que el Ayuntamiento desistía de presentar recurso, que no agotaba las vías legales renunciando de este modo a recuperar parte del daño ocasionado a las arcas municipales por ese contrato gravoso, y que ni siquiera iba a hacer valer el voto particular condenatorio de uno de los miembros que conformaban la terna del Tribunal de Cuentas del Estado. En definitiva, que se retiraba del procedimiento contable.

Hemos remitido a los servicios jurídicos municipales y a distintos medios de comunicación,  un breve análisis jurídico que respalda la afirmación de que la sentencia era recurrible, junto a jurisprudencia del propio Tribunal Supremo que avala esta tesis. Este análisis jurídico fue remitido vía correo electrónico a los servicios jurídicos municipales el pasado 31 de enero para recabar su opinión al respecto. A día de hoy no hemos recibido contestación alguna. Si alguien se pregunta por qué hemos enviado nuestro análisis jurídico en esa fecha concreta, la respuesta es bien sencilla: simplemente confiábamos en que el alcalde Urtaran presentara el recurso. Nos fiamos de sus palabras, tanto las que pronunció nada más salir la sentencia, como las del 28 de diciembre. Pero los hechos han demostrado que ni el alcalde Urtaran ha cumplido su palabra ni los servicios jurídicos municipales han estado a la altura de las circunstancias.

¿En manos de quienes estamos? ¿Quién defiende el interés general de la ciudad?

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