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Corrupción a la vasca

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eldiarionorte Euskadi

Un rápido repaso al año 2014, con un aumento de denuncias por delitos como fraude o tráfico de influencias en los juzgados vascos, echa por tierra definitivamente esa ya lejana creencia de que en Euskadi no hay corrupción.

Cargos que cobran 210.000 euros de una sociedad pública por no ir a trabajar, el juez Ruz que señala financiación ilegal en la sede del PP en Bilbao y amenazas para acallar una polémica adjudicación con pérdidas millonarias para las arcas públicas son solo algunos de los casos que empañan la gestión de las instituciones vascas.

 

El  40% de la ciudadanía vasca cree que hay corrupción en el Gobierno vasco y en las diputaciones forales según los datos del último sondeo del Deustobarómetro, encuesta elaborada por la Universidad de Deusto. Esta percepción no es infundada. Es cierto que Euskadi no encabeza la lista de comunidades más corruptas pero tampoco se salva de la lacra. Los dirigentes empeñados en seguir alardeando de que sus formaciones poseen una hoja inmaculada en materia de corrupción han quedado en evidencia por su impostado mensaje cada vez que se ha destapado un nuevo caso. Sólo en el último mes del 2014 se acumulan media docena de denuncias en Fiscalía por actuaciones irregulares. El año acaba como empezó, con escándalos por corrupción política.

En enero, más que sonrojados se han sentido algunos miembros del PNV al descubrirse las actuaciones de ciertos de sus dirigentes. Uno de los casos más sonados fue el destapado por eldiarionorte.es a principios de año, el del  ex alto cargo del PNV que cobraba 210.000 euros de una sociedad pública sin ir a trabajar.

Juan Cruz Nieves, quien fue diputado foral de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (la entidad que gestiona las obras del metro), estaba adscrito desde 2011 como adjunto a la gerencia de la sociedad Ibarzaharra, propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao, creada para regenerar suelos industriales en este municipio. Cobraba su nómina de cerca de 59.000 euros brutos anuales, más un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad (ni siquiera externa). Pese a que cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía abandonar ya este cargo acogiéndose a la jubilación, siguió en el puesto cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral.

El exasesor del presidente del PNV, Andoni Ortuzar

La Inspección de Trabajo de Bizkaia sancionó tanto a Juan Cruz Nieves como a la empresa pública Ibarzaharra. Meses más tarde el caso saltó a los tribunales por los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación. Un juzgado de Barakaldo inició en septiembre una investigación formal en la que están imputados el exalto cargo Juan Cruz Nieves y también Iñigo Camino, un exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar y asesor ahora del PNV en las Juntas de Bizkaia, por cobrar ambos de una empresa pública sin ir a trabajar. Iñigo Camino entre abril de 2008 a septiembre de 2009 estuvo también como adjunto a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra sin acudir en ningún momento a su puesto de trabajo. “A Iñigo Camino no le visto el pelo”,contestó con contundencia el gerente de la sociedad pública Ibarzaharra cuando el inspector de trabajo le pregunta por las tareas que desarrollaba Camino miembro en la empresa. Pese a su ausencia continuada cobraba 58.000 euros brutos anuales, lo que supone en ese año y medio, que tuvo nómina de la sociedad pública Ibarzaharra percibió cerca de 80.000 euros.

En ese periodo Camino ejerció al mismo tiempo el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De hecho fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década. El contrato que tenía con Ibarzaharra establecía un régimen de exclusividad. El exdirector de Deia trabaja ahora como asesor del PNV en las Juntas Generales del territorio.

Entregas en efectivo al gerente del PP en Euskadi

El PP vasco se vió también salpicado por la polémica desde que en octubre no ya Luis Bárcenas, sino el propio juez Ruz, señalase la irregularidad en la financión de las obras de la sede del PP en Bilbao. Un año antes la documentación del ex tesorero ya reveló que se pagaron 480.000 euros, el 40% del coste de las obras, con dinero procedente del PP de Madrid. Los populares vascos aseguraron entonces que “todo lo había pagado el PP vasco”. Pero el auto de Ruz desmiente su versión. Afirma que un directivo de una constructora vasca aportó 36.000 euros. Asegura que las obras se abonaron mediante un método “muy similar en cuanto a estructura y funcionamiento a la establecida en los conocidos como papeles de Barcenas”. Se pagó mediante transferencias, abonos directos desde Madrid y entregas en efectivo al gerente del PP en Euskadi.

La investigación da entonces un salto cualitativo. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEP) de la Policía revela cómo al menos un empresario de la construcción (Emilio Álvarez López) financió la compra de la sede del PP en Bilbao y cómo posteriormente su empresa (Grupo Bruesa, Construcciones Bruesa) se beneficiaba de adjudicaciones de obra pública de Administraciones controladas por el PP. El documento apunta que todo eso se hizo siguiendo un plan concebido por el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien creó una cuenta específica denominada “Sede Vizcaya” para realizar los pagos de una sede que costó un millón de euros. Todo ello está reflejado en el extenso informe policial de 145 páginas, al que tuvo acceso eldiarionorte.es. Si la trama acaba ahí o aún hay más es algo que quizás el 2015 revelará, si es que el juez Ruz consigue cerrar las causas pendientes contra el PP.

Un alquiler millonario sangrante para el Ayuntamiento de Vitoria

Otros casos, más o menos sonados, han suscitado la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía. En Vitoria-Gasteiz dió que hablar, y mucho, el del polémico alquiler del local de la calle San Antonio que finalmente fue sobreseído en los tribunales pero supuso  la primera reprobación en la historia del consistorio vitoriano para un alcalde, el popular Javier Maroto. La corporación censuró al primer edil por “mentir reiteradamente en lacomisión de investigación municipal abierta para aclarar la firma del contrato millonario y de actuar” en contra del interés general por pagar por el alquiler de un local en la calle San Antonio casi el doble del precio que abonó el propietario por su compra. El propietario del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros.

Otras situaciones de presunta corrupción en Álava se localizan a nivel foral, en torno a la entidad encargada de las obras públicas en la provincia, Arabako Lanak. Se conoció hace menos de un mes. El irregular desarrollo de la selección de personal para la contratación de un empleado de forma indefinida en la sociedad pública suscitó sospechas. Se hizo sin la publicidad necesaria en estas contrataciones públicas. La Fiscalía ha abierto diligencias para que el Área de Delitos Económicos de la Ertzaintza analice la contratación de un trabajador y de dos expedientes de obra firmados entre los años 2010 y 2011. La Policía vasca por orden del fiscal deberá investigar otras dos operaciones de obras cuyo coste total se acerca a los 900.000 euros.

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El juez del ‘caso DeMiguel’ imputa a un hijo de Arzalluz y a una exalcaldesa del PNV

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El magistrado sospecha que Asier Arzalluz, expresidente de la denominación de origen Txakoli de Bizkaia, y Justi Angulo, exregidora de Zambrana con el PNV, pudieron cometer delitos de fraude y prevaricación en varias adjudicaciones y por inflar facturas

ALBERTO AYALA (sigue leyendo) El correo

El juez Roberto Ramos, que intenta desentrañar desde hace tres años la presunta trama corrupta encabezada por Alfredo de Miguel, quien fuera ‘número dos’ del PNV alavés y diputado en el Gobierno foral jeltzale de Xabier Agirre hasta su caída en desgracia por este turbio asunto, ha decidido imputar a dos personas más. Con ello, el número de encausados se aproxima a la treintena, buena parte de ellos cuadros y militantes peneuvistas.

Se trata de Asier Arzalluz, hijo del antiguo líder jeltzale Xabier Arzalluz y expresidente de Mendibile Jaureguia, la asociación que gestiona la denominación de origen Txakoli de Bizkaia, y de Justi Angulo, exalcaldesa del PNV de Zambrana. El magistrado sospecha que los cargos jeltzales pudieron haber cometido sendos delitos de prevaricación y/o fraude, en el caso de Angulo, y de fraude en el del político vizcaíno.

Ambos son sospechosos de formar parte de la trama del ‘caso Zambrana’, una de las ramificaciones de la madeja De Miguel. Se trata de un intento de macrorrecalificación urbanística en la pequeña localidad situada al sur de Vitoria, cerca de Miranda de Ebro. En el operativo se involucró la ‘plana mayor’ del PNV alavés del momento, la Diputación y hasta el Gobierno de Ibarretxe. De Miguel echó tierra precipitadamente sobre el asunto tan pronto los socialistas se hicieron con el poder y Patxi López desembarcó en Ajuria Enea. Eso sí, no sin antes sondear a un cargo gubernamental de segundo nivel del PSE si aceptarían que el asunto siguiera adelante.

El negocio, de haber llegado a buen puerto, hubiera rendido pingües beneficios a sus impulsores, entre ellos un buen número de dirigentes y militantes del PNV tanto de Álava como de Bizkaia. Los socios capitalistas catalanes captados para la operación han declarado en el juzgado que instruye el asunto que el ‘pelotazo’ urbanístico estaba previsto que arrojara un beneficio bruto de 65 millones de euros, casi 11.000 millones de las antiguas pesetas.