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El Gobierno de Lakua pedirá multas para siete de los 26 implicados en el #CasoDeMiguel

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El Ejecutivo autonómico, a diferencia de la Fiscalía, no pedirá cárcel para los implicados en el ‘caso De Miguel’, sino que reclama una multa conjunta de cerca de 222.000 euros para 7 de los 26 encausados en la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en la que figuran exdirigentes del PNV.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha formulado ya su escrito de acusación en el llamado ‘caso De Miguel’ y, a diferencia de los 458 años de cárcel, multas que suman 63 millones de euros y otros 120 millones en fianzas que solicita la Fiscalía, Lakua no pide prisión para los encausados y, según publica ‘El Correo’, únicamente reclama una indemnización de 221.770 euros a abonar conjuntamente por siete de ellos por el perjuicio que su actuación causó a las arcas públicas.

Los siete acusados para los que el Gobierno autonómico pide una indemnización son el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, y los también miembros de este partido Aitor Tellería y Koldo Otxandio, así como Josu Montes, el exconcejal de Leioa (Bizkaia) Iñaki San Juan, el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga y el exdirector de Juventud del Ejecutivo autonómico Xabier Sánchez Robles.

El Gobierno de Lakua reclama, además, que las esposas de los principales encausados –De Miguel, Telleria y Ochandio– sean eximidas de cualquier responsabilidad penal, según el citado diario.

La Fiscalía pide más de 54 años de cárcel para Alfredo de Miguel como líder de la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Para Tellería y Ochandiano el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, reclama 32 años de cárcel, otros 30 años para Ainhoa Bilbao (esposa de Alfredo de Miguel) y 21 para Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu (esposas de Tellería y Ochandio, respectivamente).

La Fiscalía considera que el cerebro de la trama ideó crear antes de 2005 un entramado societario para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

Añade que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas» y administrativas que tenía por su pertenencia al PNV y contó con la ayuda de otros acusados.

Las defensas de los 26 acusados serán las siguientes en presentar sus escritos y, una vez que concluya la instrucción, el caso pasará a la Audiencia de Araba donde se celebrará el juicio en una fecha aún no determinada pero posterior al verano, según fuentes judiciales.

Alonso y Maroto esperan el fallo del #AlquilerSanAntonio

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El abogado de PNV y PSE eleva a más de 850.000 euros la estimación sobre el perjuicio causado a la ciudad
El PP argumenta que el presunto error o negligencia ha prescrito
El Tribunal de Cuentas publicará el fallo en mes y medio

Txus Díez José Ramón Gómez – Martes, 12 de Abril de 2016 – Actualizado a las 06:14h

gasteiz – El juicio contable por el contrato de alquiler del local de San Antonio está visto para sentencia. Después de tres horas y media de sesión oral en la que cada parte defendió sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Cuentas, ahora le toca al órgano fiscalizador de las administraciones públicas decidir si Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros nueve concejales y exconcejales investigados perjudicaron o no al interés público cuando avalaron y mantuvieron el contrato de arrendamiento por un precio muy superior al establecido por los técnicos municipales del Ayuntamiento vitoriano. En aproximadamente seis semanas el Tribunal de cuentas publicará la sentencia.

La sesión arrancó a las 11.00 horas con la exposición por parte de los abogados del Partido Popular de dos nuevas pruebas. Por un lado, las grabaciones de la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento en la que se explicaba cuáles eran los precios de mercado de los locales comerciales en aquella época y en esa zona de la ciudad. Por otro, el testimonio de un perito que analizó también el mercado inmobiliario de aquellos inicios de 2007 en los que la burbuja del ladrillo estaba ya a punto de reventar.

A continuación, la representación legal del Ayuntamiento, del PNV y del PSE, las partes personadas en la causa, y del propio PP, plantearon sus conclusiones, y el juicio terminó. Los populares alegaron que a su juicio el asunto está prescrito, pues han pasado más de cinco años desde la firma del contrato, y los demás sostienen que la causa sigue vigente porque se sigue pagando el alquiler todos los meses.

Además, aunque el abogado del Ayuntamiento sigue valorando en los 476.000 euros depositados como fianza el perjuicio causado a la institución, la representación de PNV y PSE eleva dicha cuantía a unos 850.000 euros más intereses, pues durante varios meses el local estuvo inutilizado por obras y hasta 2013 el Ayuntamiento pagó el IBI y las basuras del local al propietario.

Poco más queda por añadir, a la espera de que el Tribunal de Cuentas ponga el epílogo a una polémica que comenzó en febrero de 2007, cuando se firmó el contrato, pero que no alcanzó su repercusión mediática hasta que se puso en marcha la comisión de investigación, por la que desfilaron técnicos y políticos relacionados de una u otra manera con un alquiler que le cuesta a la ciudad 14.000 euros todos los meses, IVA excluido. Eso ahora, pues antes de que Javier Maroto renegociara el contrato con el empresario propietario del local, Gonzalo Antón, se llegaron a abonar mensualidades de 51.000 euros, según señaló ayer Radio Vitoria.

El contrato estaba blindado por veinte años. El Ayuntamiento podía romperlo cuando quisiera, pero estaba obligado legalmente a abonar las mensualidades íntegras durante las dos décadas estipuladas. Además, por cuenta municipal corría el pago de la comunidad y de las obras de acondicionamiento de la lonja, que ejecutó el propietario, pues su oferta, al parecer, era la más ventajosa. En cuanto a la redacción del contrato, según los correos electrónicos cruzados entre la empresa Sbayre, propiedad de Antón, y los funcionarios del Departamento de Hacienda, primero se fijó la cuantía que debía percibir el empresario y luego se redactó el documento. Posteriormente los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero sus superiores lo elevaron hasta los 14 euros por metro. Además, se añadieron subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

Con todos estos datos sobre la mesa deberán tomar una decisión en el Tribunal de Cuentas que todas las partes esperan con sumo interés, especialmente quienes están acusados de haber perjudicado al erario público. El principal actor de toda esta historia, el exalcalde de Vitoria y ahora ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, confiaba ayer en que “se aclare todo de manera satisfactoria” e insistió en que su actuación fue conforme “a la legalidad” y al “interés de la ciudad”, informa Europa Press.

El exprimer edil gasteiztarra dijo estar “contento” de que “por fin ya podamos ir acabando con este tema”, y recordó que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, “cuestión que no ha estado nunca en cuestión”, sino si la actuación del Gobierno municipal fue “conforme o no con el interés general”.

Efectivamente, la única responsabilidad de la que tendrán que responder los encausados si son declarados culpables es económica. Todos tuvieron que depositar una fianza solidaria de 476.000 euros que se les retendrá, en parte o en su totalidad, si el Tribunal de Cuentas considera que actuaron de forma negligente o errónea. A quien no se podrá reclamar nada es a Antón, cuya condición de particular ajeno a la ad

ministración pública le deja fuera de las competencias del órgano fiscalizador.

Sobre si la legalidad de la operación ha estado ha estado o no en cuestión, lo cierto es que en un primer momento la Fiscalía alavesa no vio ningún indicio de delito, pero por otro lado el Tribunal de Cuentas o cualquiera de las partes tiene la potestad de remitir el asunto a los tribunales penales si como consecuencia del juicio contable se ha detectado algún ilícito en la actuación del equipo de gobierno vitoriano en aquel mes de febrero de 2007.

La asociación contra la corrupción Adi, que ayer se manifestó ayer a las puertas del local de San Antonio, se plantea de hecho llevar el caso a los tribunales penales, y si no estaba ayer representada en el juicio contable es porque el Ayuntamiento de Vitoria le denegó en su día, y le sigue denegando actualmente, según denuncia el colectivo, la información necesaria para formular una acusación coherente.

juicio sin fiscal Tampoco la Fiscalía participó ayer en el juicio del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, ayer el actual alcalde, Gorka Urtaran, señaló que si ha ocurrido así es porque el gobierno de Mariano Rajoy sustituyó al fiscal nombrado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y con ese cambió mutó también el criterio del Ministerio Fiscal. En todo caso, Urtaran estaba ayer satisfecho. “Estoy esperanzado, nadie esperaba que llegáramos hasta aquí, hasta el final”, afirmó el primer edil, convencido de que “ese contrato trajo consecuencias muy dañinas para el Ayuntamiento”, y que por ello confió en que “se repare el año económico causado”.

Alonso habló ayer, cuestionado por los periodistas. Maroto no se pronunció en la jornada en la que se le abrió otro frente judicial, pues fue citado para declarar por llamar “delincuente” a Luis Bárcenas en una programa de

televisión. Sí habló Manu Uriarte, concejal de Hacienda en la pasada legislatura y que, como su predecesora, Marian Gutiérrez, está encausado por haber seguido pagando el alquiler pactado por Alonso. “En estos momentos se está desarrollando el juicio, esperemos a la sentencia”, dijo Uriarte.

los datos

El caso. El Tribunal de Cuentas juzgó ayer el contrato de alquiler de un local de 1.000 metros cuadrados acordado entre el Ayuntamiento de Vitoria y el empresario Gonzalo Antón.

Los encausados. Además de Alfonso Alonso y Javier Maroto, el tribunal dirimirá si tuvieron responsabilidad o no los demás miembros de la Junta de Gobierno Local de principios de 2007. Se trata de Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos; y los siguientes concejales de Hacienda, Marian Gutiérrez y Manu Uriarte.

Los argumentos. La defensa de Alonso y Maroto sostiene que el asunto ha prescrito porque hace más de cinco años de la firma. La otra parte cree que sigue vigente porque hoy día se sigue pagando el alquiler.

El fallo. En un plazo de aproximadamente seis semanas se conocerá el fallo del Tribunal de Cuentas con respecto al caso San Antonio.

las frases

El exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad en funciones afirmó ayer que la legalidad del contrato no se ha discutido en ningún momento y que, en su opinión, el documento tampoco perjudicó económicamente a la ciudad.

El actual primer edil de la capital alavesa destacaba que, en su opinión, el contrato de alquiler fue “dañino” para el Ayuntamiento y deseó que la sentencia del Tribunal de Cuentas “repare el daño causado”.

El concejal de Hacienda en la anterior legislatura, encausado por mantener en vigor el contrato -aunque legalmente estaba blindado-, prefirió no valorar la cuestión hasta que no haya un fallo.

la cifra

850

Mil euros es la cantidad que a juicio de la representación legal del PSE y el PNV ha perdido la ciudad como consecuencia de este contrato. El abogado del Ayuntamiento sigue valorando el perjuicio en los 476.000 euros iniciales.

San Antonioko auziaren aurrean, herritarren “presioa” eskatu du Adi! elkarteak @arabakoALEA

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ALEA Saioa Fdz. de Arangiz 2016-04-07 15:53   Ekonomia  Gasteiz

Datorren astelehenean hasiko da San Antonio kaleko lokalen inguruko kontu epaiketa. 19.00etan elkarretaratzea deitu du Ustelkeriaren aurkako Adi elkarteak, San Antonio kaleko lokalen aurrean.

Datorren astelehenean Estatuko Kontu Auzitegian San Antonio kaleko lokalen kontu epaiketa hasiko da. Guztira, 11 auzipetu izango dira epaiketan, tartean Alfonso Alonso eta Javier Maroto.

Horren harira, Ustelkeriaren aurkako Adi elkarteak “auzia argitzea” eskatu du gaur goizean egin duen agerraldian eta horrez gain, herritarrei honen aurrean “mobilizatzeko” eskatu die. Horretarako, datorren astelehenean, 19.00etan elkarretaratzea deitu du elkarteak, San Antonio kaleko lokalen aurrean.  “Ez dugu uste epaiketa honek arazoaren hondora eramango gaituenik, ezta bertan gauza guztiak argituko direnik”. Horregatik, herritarren “parte hartzea eta presioa” ezinbestekoa dela uste du elkarteak eta datorren asteleheneko elkarretaratzean parte hartzeko deialdia zabaldu du.

Fiskaltzak ez du epaiketan parte hartuko

Hainbat izan dira gaur Adi elkarteak mahai gainean jarri dituen salaketak. Gaizka Amorrortu elkarteko kideak azaldu duenez, 2015eko urte bukaeran Fiskaltzak uko egin zion epaiketa honetan parte hartzeari . “Ez dakigu zergatik Fiskaltzat urteetan epaitegiarekin lan egin ondoren azken momentuan uko egiten dion prozesuan jarraitzeari eta hortaz, salaketa hau aurrera eramateari”.

Horrez gain, epaitegiak esaten duen guztia zalantzan jarri du ustelkeriaren aurkako elkarteak. “Guk zalantzan jartzen dugu alokairua bera eta prozesu guztia. Alokairu honekin Gonzalo Antonen onura bilatu zen eta jakin nahiko genuke ea zeren truke eman zioten diru hori”.

Udalak informazioa ukatu dio elkarteari

Bestetik, zalantzak agertu ditu elkarteak udalak salaketa honetan duen parte hartzearekin. “Ez daukagu argi zein punturaino babesten duen epaitegiaren jarrera. Gauza bera gertatzen zaizu EAJ eta PSE alderdiekin”. Horrekin batera, “susmagarri” iruditzen zaio elkarteari bi alderdi hauek jarritako salaketan auzian ardurak izan dituzten PPko zenbait pertsona kanpoan utzi izana.

Horrez gain, Gasteizko Udalak, Alonsoren garaian bezala, lokal horietan egin ziren obren inguruko informazioa ukatu diola salatu du Adi elkarteak. “Bertako teknikariek ukatu digute informazioa, hain zuzen, Alonsoren garaian zeuden teknikari berek”.

Alfonso Alonso alkate zela eta Javier Maroto Ogasun zinegotzia zela, 2007an sinatu zen alokairuaren kontratua. Herritarrei laguntzeko bulegoak bertan instalatzeko helburuarekin, Gonzalo Anton enpresari arabarren lokal horiek alokatu zituen udalak, 20 urterako. Udalaren poltsikotik irten zen bulegoak berritzeko erabilitako dirua eta, gainera, kontratua ez eteteko hainbat klausula ere sinatu zen. Urteek aurrera egin badute ere, herritarrei laguntzeko bulegoak ez dira bertan kokatu.