alfonso alonso

“A la mafia de #FCC en vitoria-gasteiz le siguen saliendo los números con la basura”

Posted on Actualizado enn

Y da igual quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya sea el PP (dos veces), el PSOE o el PNV, en cualquiera de los casos a FCC le siguen saliendo las cuentas pagadas con dinero público.

Ante la primera convocatoria de huelga de los trabajadores de la contrata de limpieza, la UTE compuesta por FCC y una filial de la constructora vizcaína Viuda de Sainz S.A., reconoció públicamente que “no pueden cumplir con lo firmado”, llegando a dar incluso una cifra de pérdidas anuales en la contrata de 3,1 millones de euros al año. La realidad sin embargo es que la UTE realizó una oferta económica a la baja de forma consciente para asegurarse volver a adjudicarse este suculento contrato público. En el mundo de esos negocios nadie está para perder dinero, y menos estos tiburones devoradores de contratos públicos millonarios. En este caso, estamos hablando del segundo contrato más caro que tiene suscrito el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solo superado en cuantía por el alquiler de las oficinas del nuevo Ayuntamiento en San Martín (30 millones anuales se pagan a una UTE de constructoras donde figura, entre otras, la del actual presidente de CONFEBASK).

El segundo contrato más oneroso para las arcas municipales se adjudicó con una oferta a la baja a la misma empresa matriz que consiguió la adjudicación en oscuras circunstancias en el año 2006, de la mano del equipo de gobierno presidido entonces por Alfonso Alonso (PP). El mismo equipo de gobierno que el actual alcalde Gorka Urtaran ha habilitado de facto para la gestión pública, al no recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas por el caso San Antonio ante el Tribunal Supremo (en efecto, la sentencia era perfectamente recurrible y una decisión netamente política, que no jurídica, del actual regidor del PNV, es la que le ha dado carpetazo al #alquilerSan Antonio en la vía contable).

 En el proceso de adjudicación de la contrata de la limpieza viaria en la capital alavesa, existen una serie de claroscuros tanto en 2006 como en 2015, resultando en ambos casos beneficiada la misma empresa de la mano de equipos de gobierno del Partido Popular. No es desdeñable apuntar que el propio expresidente (ahora) de FCC admitió haber realizado donaciones a la caja B del Partido Popular.

 Es público, que en 2006, en un hecho sin precedentes para la época en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las reuniones de la mesa de contratación se celebraron a puerta cerrada en el despacho de Alfonso Alonso sin que el resto de formaciones políticas pudieran participar. También ha transcendido que FCC manejó información privilegiada filtrada por el propio Ayuntamiento. Una alta funcionaria del mismo facilitó previamente información y datos internos a varios directivos de FCC, con los cuales intercambió a posteriori, una vez que dicha empresa se hizo con la adjudicación, diversos correos electrónicos donde se podían leer expresiones que provocan sonrojo, verbigracia: “(…) «Gracias a todos y ¡enhorabuena!» (…) «todo está montado para que salga todo bien y ha existido una buenísima colaboración por todos y un gran trabajo». «¡Somos un equipo por un objetivo común!». Asimismo, la mujer del único funcionario municipal que participó en la adjudicación con peso específico en la evaluación de las ofertas, fue contratada por FCC poco antes de que la empresa obtuviera la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sin olvidar el paso a la empresa privada de José Antonio Pizarro, teniente de alcalde con Alfonso Alonso, para crear una empresa de asesoramiento medioambiental, cuyo único cliente resultó ser FCC, a la que asesoró de cara a la adjudicación de dicho contrato, además de ser el gran valedor de la compañía para que FCC se hiciera cargo de más funciones “medioambientales” cobradas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un hermano de José Antonio Pizarro también fue contratado como responsable del Reutilizagune, un centro vinculado a la contrata de la limpieza de Vitoria-Gasteiz gestionado como no, por FCC. Todo muy green por lo visto.

Pero los claroscuros no terminaron con la adjudicación. La gestión de la contrata, el cobro de trabajos extras, el cobro de trabajos no realizados, en definitiva, el descontrol sobre lo que se adjudicó y lo que en realidad se pagaba desde las arcas municipales era absoluto, a mayor gloria de la que a la postre fue bautizada como “European green capital”. Como muestra de este descontrol, pulsen este link (http://www.eaj-pnv.eus/blog/alvaro-iturritxa-velez-elburgo/cuando-basura-negocio_61_72.html) y lean lo escrito por la mano del ahora mudo Coordinador General del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es decir, el actual responsable político de controlar la eficaz prestación de servicios de la contrata de limpieza viaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alvaro Iturritxa.

 En 2015, tras años de prórroga en la contrata, pagando ya el Ayuntamiento por encima de lo que se estableció en 2006, se volvió a adjudicar el contrato público y FCC se descolgó con una oferta económica 3 millones de euros por debajo de lo que le venía cobrando al Ayuntamiento (curioso que FCC diga ahora que la contrata le está suponiendo justamente 3 millones de euros de pérdidas anuales, curioso). Y además de la rebaja en la cuantía, ofreció al Ayuntamiento asumir más servicios que los que supuestamente se realizaban en la anterior contrata. ¿Cómo es posible? ¿Con esa oferta FCC estaba reconociendo explícitamente que había estado cobrándole de más al Ayuntamiento un montón de años? ¿Que se podían hacer más servicios de limpieza por menos dinero? Leticia Comerón, concejala en la que delegó el por entonces todavía alcalde de Vitoria-Gasteiz Javier Maroto la adjudicación de la contrata, tuvo muy claro que sí desde el principio. Afirmó Comerón que FCC iba a prestar más servicios por menos dinero y por tanto íbamos a tener una ciudad más limpia por un precio más económico. Que antes se pagara más a FCC por hacer menos le daba exactamente igual. Como les ha dado exactamente igual a Gorka Urtaran, Iñaki Prusilla o Alvaro Iturritxa una vez han tomado estos las riendas del Ayuntamiento. Pelillos a la mar, que se dice. ¿Para qué van a molestarse en levantar las alfombras, para qué poner en práctica ahora que pueden, lo poco que podían hacer desde la oposición para aclarar todo lo que hay detrás de la gestión de la contrata de limpieza? El PNV no tiene voluntad ninguna ni en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ni en la Diputación Foral de Álava/Araba de hincarle el diente a ese hueso. FCC también cobra por la gestión de la planta de clasificación de envases de Jundiz, de propiedad foral, donde igualmente se han denunciado graves irregularidades en su gestión, a las que PNV-PSE-PP continúan haciendo oídos sordos. Así se protege, por ahora, a FCC en el territorio alaves.

Conviene recordar que en pleno proceso de adjudicación de la contrata de basuras en 2015, el entonces portavoz del PSOE en la corporación vitoriana Patxi Lazcoz, le dijo a Leticia Comeron en persona y ante testigos que tenía “grabaciones” que desvelaban que la edil delegada por Javier Maroto para la adjudicación del jugoso contrato, se había estado reuniendo con directivos de FCC y el anteriormente mencionado valedor de la compañía José Antonio Pizarro. El objetivo de esas supuestas reuniones no sería otro que el de amañar el pliego de condiciones con el objetivo que FCC repitiera en la adjudicación del contrato. Leticia Comerón lo negó todo rotundamente y desafió a Patxi lazcoz a hacer públicas esas grabaciones bajo la amenaza de que si no lo hacía, presentaría una querella criminal contra él. Pues ni lo uno, ni lo otro. Ni Lazcoz ha hecho públicas esas “grabaciones” ni Leticia Comeron ha presentado querella criminal alguna (entre bomberos no deben querer pisarse la manguera).

 Las elecciones municipales del 2015 llegan con todo atado y bien atado para FCC, daba igual quien las ganara, la compañía ya tenía asegurados otros ocho años más de prestación de servicios, eso si, ofertados a la baja supuestamente. Las personas responsables de las citadas irregularidades en la adjudicación anterior, continúan en plantilla y de nuevo han sido los avaladores técnicos de la limpieza, valga la redundancia, en el proceso de renovación de la contrata. Los que han mutado sin embargo, son los actuales responsables políticos que se supone que tienen la sartén de FCC cogida por el mango. Amagaron con tirar de la manta cuando Iñaki Prusilla, edil del PNV, dijo aquello de que tanto el Partido Popular como Leticia Comerón, tenían mucho que callar sobre el tema. O cuando Gorka Urtaran realizo aquellas otras declaraciones donde denunciaba, sólo de palabra, que en la anterior contrata, se pagaba por trabajos no realizados, es decir, que se malversaban fondos públicos. Pero todo esto a FCC le resbala por completo y continúa haciendo y deshaciendo a su antojo porque sabe que en Vitoria no hay actualmente voluntad política suficiente para investigar sus desmanes, como por ejemplo en Badalona o Barcelona (http://economia.elpais.com/economia/2016/11/21/actualidad/1479737886_892494.html o http://economia.elpais.com/economia/2017/05/01/actualidad/1493635671_126545.html).

Y todo parece indicar que el actual equipo de gobierno formado por el tándem PNV-PSE, junto a la inestimable colaboración del PP, va a seguir permitiendo que la compañía campe a sus anchas, ya sea incumpliendo sentencias laborales que han ganado los trabajadores en los tribunales, ejecutando despidos excusándose en casos de absentismo que no se ajustan a la realidad, ahorrándose la contratación del número de trabajadores a los que está obligado por convenio, o bien contratando el doble de personal técnico del que se le permite por convenio, incluyendo en nómina del Ayuntamiento a cargos directivos de FCC. Y en esas prácticas de FCC, en ese know-how de FCC en Vitoria-Gasteiz, está la clave de la renovación a la baja del contrato de la limpieza.

 ¿Por qué le hace FCC al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una oferta económica a la baja que resulta insostenible para su negocio según reconoce la propia compañía ahora?

 La única hipótesis que se nos ocurre para responder a esa pregunta, es que FCC ofrece a sabiendas “perder” dinero por un lado, para ganarlo por otro lado amparado en la protección de los políticos de turno. No hay más tela que cortar. Algo huele a podrido en la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y tenemos muy claro que no son los trabajadores. Un Ayuntamiento honesto con sus ciudadanos debe dejar de tratar con empresas vinculadas a las prácticas mafiosas del denominado “cártel de las basuras”, que se han repartido el pastel de los contratos públicos a lo largo y ancho del Estado. Un Ayuntamiento decente ha de dejar de ser cómplice de estos mafiosos, debiendo impedir en todo caso que se haga negocio de manera fraudulenta con el dinero de todos los ciudadanos.

Anuncios

Gonzalo Antón “alavés del mes” via @elcorreo_alava #alquilerSanAntonio

Cita Posted on


El alquiler del local en la calle San Antonio continua siendo una sinrazón que seguiremos pagando hasta el 2027. No puede hablarse en pasado sobre el tema. Afirma Gonzalo Antón que lo quiso alquilar a una inmobiliaria. Quizas sea verdad, pero lo cierto es que tocó la puerta de instituciones públicas para que se lo alquilaran. El ofrecimiento a la Diputación está documentado, lo de la inmobiliaria es sólo su ‘palabra’. Diputación no picó el anzuelo de Antón, el Ayuntamiento gobernado entonces por el PP si. 

«Puse un precio y fue el que me pagaron». Cristalino, transparente como el agua. No hubo negociación. El equipo de gobierno del entonces alcalde Alfonso Alonso, se tragó el anzuelo con la colaboración necesaria del Director de Hacienda, actual Responsable Técnico de Ensanche 21. Lo que no dice Antón es porqué el Ayuntamiento no le discutió el precio en ningún momento, ni como le ‘convenció’ Maroto para rebajar el precio ‘a posteriori’. 

Sobre ministros y elecciones. El tema lo saca la Secretaria General del Pleno en un informe en el que se recoge que no se aplicó el principio de libre concurrencia para la firma del contrato, es decir, no hubo concurso público. A raiz de ese informe se creó la comisión de investigación municipal. Hablamos del verano de 2013, sin contexto eléctoral a la vista y faltando más de un año para que Alfonso Alonso fuera nombrado ministro. 

Por último, afirma Gonzalo Antón que invirtió 3 millones, suponemos en la adquisición del local, por que la adecuación del mismo ha corrido a cuenta del erario público. Hemos preguntado por escrito varias veces al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por ese supuesto precio de adquisición y no hemos obtenido respuesta. El Ayuntamiento no sabe cuanto le costó el local a Gonzalo Antón, a pesar de recoger ese supuesto valor en un informe municipal de valoración que luego no aplicó. ¿El valor de adquisición como el de las obras de adecuación del local,  se los dijo Gonzalo Antón al Ayuntamiento de ‘viva voz’? ¿Se fió el Ayuntamiento de una persona que no hace más que faltar casi siempre a la verdad cuando habla de este contrato de alquiler? Lo dicho, “alavés del mes”. 

Alonso y Maroto esperan el fallo del #AlquilerSanAntonio

Posted on

El abogado de PNV y PSE eleva a más de 850.000 euros la estimación sobre el perjuicio causado a la ciudad
El PP argumenta que el presunto error o negligencia ha prescrito
El Tribunal de Cuentas publicará el fallo en mes y medio

Txus Díez José Ramón Gómez – Martes, 12 de Abril de 2016 – Actualizado a las 06:14h

gasteiz – El juicio contable por el contrato de alquiler del local de San Antonio está visto para sentencia. Después de tres horas y media de sesión oral en la que cada parte defendió sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Cuentas, ahora le toca al órgano fiscalizador de las administraciones públicas decidir si Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros nueve concejales y exconcejales investigados perjudicaron o no al interés público cuando avalaron y mantuvieron el contrato de arrendamiento por un precio muy superior al establecido por los técnicos municipales del Ayuntamiento vitoriano. En aproximadamente seis semanas el Tribunal de cuentas publicará la sentencia.

La sesión arrancó a las 11.00 horas con la exposición por parte de los abogados del Partido Popular de dos nuevas pruebas. Por un lado, las grabaciones de la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento en la que se explicaba cuáles eran los precios de mercado de los locales comerciales en aquella época y en esa zona de la ciudad. Por otro, el testimonio de un perito que analizó también el mercado inmobiliario de aquellos inicios de 2007 en los que la burbuja del ladrillo estaba ya a punto de reventar.

A continuación, la representación legal del Ayuntamiento, del PNV y del PSE, las partes personadas en la causa, y del propio PP, plantearon sus conclusiones, y el juicio terminó. Los populares alegaron que a su juicio el asunto está prescrito, pues han pasado más de cinco años desde la firma del contrato, y los demás sostienen que la causa sigue vigente porque se sigue pagando el alquiler todos los meses.

Además, aunque el abogado del Ayuntamiento sigue valorando en los 476.000 euros depositados como fianza el perjuicio causado a la institución, la representación de PNV y PSE eleva dicha cuantía a unos 850.000 euros más intereses, pues durante varios meses el local estuvo inutilizado por obras y hasta 2013 el Ayuntamiento pagó el IBI y las basuras del local al propietario.

Poco más queda por añadir, a la espera de que el Tribunal de Cuentas ponga el epílogo a una polémica que comenzó en febrero de 2007, cuando se firmó el contrato, pero que no alcanzó su repercusión mediática hasta que se puso en marcha la comisión de investigación, por la que desfilaron técnicos y políticos relacionados de una u otra manera con un alquiler que le cuesta a la ciudad 14.000 euros todos los meses, IVA excluido. Eso ahora, pues antes de que Javier Maroto renegociara el contrato con el empresario propietario del local, Gonzalo Antón, se llegaron a abonar mensualidades de 51.000 euros, según señaló ayer Radio Vitoria.

El contrato estaba blindado por veinte años. El Ayuntamiento podía romperlo cuando quisiera, pero estaba obligado legalmente a abonar las mensualidades íntegras durante las dos décadas estipuladas. Además, por cuenta municipal corría el pago de la comunidad y de las obras de acondicionamiento de la lonja, que ejecutó el propietario, pues su oferta, al parecer, era la más ventajosa. En cuanto a la redacción del contrato, según los correos electrónicos cruzados entre la empresa Sbayre, propiedad de Antón, y los funcionarios del Departamento de Hacienda, primero se fijó la cuantía que debía percibir el empresario y luego se redactó el documento. Posteriormente los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero sus superiores lo elevaron hasta los 14 euros por metro. Además, se añadieron subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

Con todos estos datos sobre la mesa deberán tomar una decisión en el Tribunal de Cuentas que todas las partes esperan con sumo interés, especialmente quienes están acusados de haber perjudicado al erario público. El principal actor de toda esta historia, el exalcalde de Vitoria y ahora ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, confiaba ayer en que “se aclare todo de manera satisfactoria” e insistió en que su actuación fue conforme “a la legalidad” y al “interés de la ciudad”, informa Europa Press.

El exprimer edil gasteiztarra dijo estar “contento” de que “por fin ya podamos ir acabando con este tema”, y recordó que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, “cuestión que no ha estado nunca en cuestión”, sino si la actuación del Gobierno municipal fue “conforme o no con el interés general”.

Efectivamente, la única responsabilidad de la que tendrán que responder los encausados si son declarados culpables es económica. Todos tuvieron que depositar una fianza solidaria de 476.000 euros que se les retendrá, en parte o en su totalidad, si el Tribunal de Cuentas considera que actuaron de forma negligente o errónea. A quien no se podrá reclamar nada es a Antón, cuya condición de particular ajeno a la ad

ministración pública le deja fuera de las competencias del órgano fiscalizador.

Sobre si la legalidad de la operación ha estado ha estado o no en cuestión, lo cierto es que en un primer momento la Fiscalía alavesa no vio ningún indicio de delito, pero por otro lado el Tribunal de Cuentas o cualquiera de las partes tiene la potestad de remitir el asunto a los tribunales penales si como consecuencia del juicio contable se ha detectado algún ilícito en la actuación del equipo de gobierno vitoriano en aquel mes de febrero de 2007.

La asociación contra la corrupción Adi, que ayer se manifestó ayer a las puertas del local de San Antonio, se plantea de hecho llevar el caso a los tribunales penales, y si no estaba ayer representada en el juicio contable es porque el Ayuntamiento de Vitoria le denegó en su día, y le sigue denegando actualmente, según denuncia el colectivo, la información necesaria para formular una acusación coherente.

juicio sin fiscal Tampoco la Fiscalía participó ayer en el juicio del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, ayer el actual alcalde, Gorka Urtaran, señaló que si ha ocurrido así es porque el gobierno de Mariano Rajoy sustituyó al fiscal nombrado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y con ese cambió mutó también el criterio del Ministerio Fiscal. En todo caso, Urtaran estaba ayer satisfecho. “Estoy esperanzado, nadie esperaba que llegáramos hasta aquí, hasta el final”, afirmó el primer edil, convencido de que “ese contrato trajo consecuencias muy dañinas para el Ayuntamiento”, y que por ello confió en que “se repare el año económico causado”.

Alonso habló ayer, cuestionado por los periodistas. Maroto no se pronunció en la jornada en la que se le abrió otro frente judicial, pues fue citado para declarar por llamar “delincuente” a Luis Bárcenas en una programa de

televisión. Sí habló Manu Uriarte, concejal de Hacienda en la pasada legislatura y que, como su predecesora, Marian Gutiérrez, está encausado por haber seguido pagando el alquiler pactado por Alonso. “En estos momentos se está desarrollando el juicio, esperemos a la sentencia”, dijo Uriarte.

los datos

El caso. El Tribunal de Cuentas juzgó ayer el contrato de alquiler de un local de 1.000 metros cuadrados acordado entre el Ayuntamiento de Vitoria y el empresario Gonzalo Antón.

Los encausados. Además de Alfonso Alonso y Javier Maroto, el tribunal dirimirá si tuvieron responsabilidad o no los demás miembros de la Junta de Gobierno Local de principios de 2007. Se trata de Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos; y los siguientes concejales de Hacienda, Marian Gutiérrez y Manu Uriarte.

Los argumentos. La defensa de Alonso y Maroto sostiene que el asunto ha prescrito porque hace más de cinco años de la firma. La otra parte cree que sigue vigente porque hoy día se sigue pagando el alquiler.

El fallo. En un plazo de aproximadamente seis semanas se conocerá el fallo del Tribunal de Cuentas con respecto al caso San Antonio.

las frases

El exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad en funciones afirmó ayer que la legalidad del contrato no se ha discutido en ningún momento y que, en su opinión, el documento tampoco perjudicó económicamente a la ciudad.

El actual primer edil de la capital alavesa destacaba que, en su opinión, el contrato de alquiler fue “dañino” para el Ayuntamiento y deseó que la sentencia del Tribunal de Cuentas “repare el daño causado”.

El concejal de Hacienda en la anterior legislatura, encausado por mantener en vigor el contrato -aunque legalmente estaba blindado-, prefirió no valorar la cuestión hasta que no haya un fallo.

la cifra

850

Mil euros es la cantidad que a juicio de la representación legal del PSE y el PNV ha perdido la ciudad como consecuencia de este contrato. El abogado del Ayuntamiento sigue valorando el perjuicio en los 476.000 euros iniciales.