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El juez del ‘caso DeMiguel’ imputa a un hijo de Arzalluz y a una exalcaldesa del PNV

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El magistrado sospecha que Asier Arzalluz, expresidente de la denominación de origen Txakoli de Bizkaia, y Justi Angulo, exregidora de Zambrana con el PNV, pudieron cometer delitos de fraude y prevaricación en varias adjudicaciones y por inflar facturas

ALBERTO AYALA (sigue leyendo) El correo

El juez Roberto Ramos, que intenta desentrañar desde hace tres años la presunta trama corrupta encabezada por Alfredo de Miguel, quien fuera ‘número dos’ del PNV alavés y diputado en el Gobierno foral jeltzale de Xabier Agirre hasta su caída en desgracia por este turbio asunto, ha decidido imputar a dos personas más. Con ello, el número de encausados se aproxima a la treintena, buena parte de ellos cuadros y militantes peneuvistas.

Se trata de Asier Arzalluz, hijo del antiguo líder jeltzale Xabier Arzalluz y expresidente de Mendibile Jaureguia, la asociación que gestiona la denominación de origen Txakoli de Bizkaia, y de Justi Angulo, exalcaldesa del PNV de Zambrana. El magistrado sospecha que los cargos jeltzales pudieron haber cometido sendos delitos de prevaricación y/o fraude, en el caso de Angulo, y de fraude en el del político vizcaíno.

Ambos son sospechosos de formar parte de la trama del ‘caso Zambrana’, una de las ramificaciones de la madeja De Miguel. Se trata de un intento de macrorrecalificación urbanística en la pequeña localidad situada al sur de Vitoria, cerca de Miranda de Ebro. En el operativo se involucró la ‘plana mayor’ del PNV alavés del momento, la Diputación y hasta el Gobierno de Ibarretxe. De Miguel echó tierra precipitadamente sobre el asunto tan pronto los socialistas se hicieron con el poder y Patxi López desembarcó en Ajuria Enea. Eso sí, no sin antes sondear a un cargo gubernamental de segundo nivel del PSE si aceptarían que el asunto siguiera adelante.

El negocio, de haber llegado a buen puerto, hubiera rendido pingües beneficios a sus impulsores, entre ellos un buen número de dirigentes y militantes del PNV tanto de Álava como de Bizkaia. Los socios capitalistas catalanes captados para la operación han declarado en el juzgado que instruye el asunto que el ‘pelotazo’ urbanístico estaba previsto que arrojara un beneficio bruto de 65 millones de euros, casi 11.000 millones de las antiguas pesetas.

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