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Alonso y Maroto esperan el fallo del #AlquilerSanAntonio

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El abogado de PNV y PSE eleva a más de 850.000 euros la estimación sobre el perjuicio causado a la ciudad
El PP argumenta que el presunto error o negligencia ha prescrito
El Tribunal de Cuentas publicará el fallo en mes y medio

Txus Díez José Ramón Gómez – Martes, 12 de Abril de 2016 – Actualizado a las 06:14h

gasteiz – El juicio contable por el contrato de alquiler del local de San Antonio está visto para sentencia. Después de tres horas y media de sesión oral en la que cada parte defendió sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Cuentas, ahora le toca al órgano fiscalizador de las administraciones públicas decidir si Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros nueve concejales y exconcejales investigados perjudicaron o no al interés público cuando avalaron y mantuvieron el contrato de arrendamiento por un precio muy superior al establecido por los técnicos municipales del Ayuntamiento vitoriano. En aproximadamente seis semanas el Tribunal de cuentas publicará la sentencia.

La sesión arrancó a las 11.00 horas con la exposición por parte de los abogados del Partido Popular de dos nuevas pruebas. Por un lado, las grabaciones de la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento en la que se explicaba cuáles eran los precios de mercado de los locales comerciales en aquella época y en esa zona de la ciudad. Por otro, el testimonio de un perito que analizó también el mercado inmobiliario de aquellos inicios de 2007 en los que la burbuja del ladrillo estaba ya a punto de reventar.

A continuación, la representación legal del Ayuntamiento, del PNV y del PSE, las partes personadas en la causa, y del propio PP, plantearon sus conclusiones, y el juicio terminó. Los populares alegaron que a su juicio el asunto está prescrito, pues han pasado más de cinco años desde la firma del contrato, y los demás sostienen que la causa sigue vigente porque se sigue pagando el alquiler todos los meses.

Además, aunque el abogado del Ayuntamiento sigue valorando en los 476.000 euros depositados como fianza el perjuicio causado a la institución, la representación de PNV y PSE eleva dicha cuantía a unos 850.000 euros más intereses, pues durante varios meses el local estuvo inutilizado por obras y hasta 2013 el Ayuntamiento pagó el IBI y las basuras del local al propietario.

Poco más queda por añadir, a la espera de que el Tribunal de Cuentas ponga el epílogo a una polémica que comenzó en febrero de 2007, cuando se firmó el contrato, pero que no alcanzó su repercusión mediática hasta que se puso en marcha la comisión de investigación, por la que desfilaron técnicos y políticos relacionados de una u otra manera con un alquiler que le cuesta a la ciudad 14.000 euros todos los meses, IVA excluido. Eso ahora, pues antes de que Javier Maroto renegociara el contrato con el empresario propietario del local, Gonzalo Antón, se llegaron a abonar mensualidades de 51.000 euros, según señaló ayer Radio Vitoria.

El contrato estaba blindado por veinte años. El Ayuntamiento podía romperlo cuando quisiera, pero estaba obligado legalmente a abonar las mensualidades íntegras durante las dos décadas estipuladas. Además, por cuenta municipal corría el pago de la comunidad y de las obras de acondicionamiento de la lonja, que ejecutó el propietario, pues su oferta, al parecer, era la más ventajosa. En cuanto a la redacción del contrato, según los correos electrónicos cruzados entre la empresa Sbayre, propiedad de Antón, y los funcionarios del Departamento de Hacienda, primero se fijó la cuantía que debía percibir el empresario y luego se redactó el documento. Posteriormente los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero sus superiores lo elevaron hasta los 14 euros por metro. Además, se añadieron subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

Con todos estos datos sobre la mesa deberán tomar una decisión en el Tribunal de Cuentas que todas las partes esperan con sumo interés, especialmente quienes están acusados de haber perjudicado al erario público. El principal actor de toda esta historia, el exalcalde de Vitoria y ahora ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, confiaba ayer en que “se aclare todo de manera satisfactoria” e insistió en que su actuación fue conforme “a la legalidad” y al “interés de la ciudad”, informa Europa Press.

El exprimer edil gasteiztarra dijo estar “contento” de que “por fin ya podamos ir acabando con este tema”, y recordó que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, “cuestión que no ha estado nunca en cuestión”, sino si la actuación del Gobierno municipal fue “conforme o no con el interés general”.

Efectivamente, la única responsabilidad de la que tendrán que responder los encausados si son declarados culpables es económica. Todos tuvieron que depositar una fianza solidaria de 476.000 euros que se les retendrá, en parte o en su totalidad, si el Tribunal de Cuentas considera que actuaron de forma negligente o errónea. A quien no se podrá reclamar nada es a Antón, cuya condición de particular ajeno a la ad

ministración pública le deja fuera de las competencias del órgano fiscalizador.

Sobre si la legalidad de la operación ha estado ha estado o no en cuestión, lo cierto es que en un primer momento la Fiscalía alavesa no vio ningún indicio de delito, pero por otro lado el Tribunal de Cuentas o cualquiera de las partes tiene la potestad de remitir el asunto a los tribunales penales si como consecuencia del juicio contable se ha detectado algún ilícito en la actuación del equipo de gobierno vitoriano en aquel mes de febrero de 2007.

La asociación contra la corrupción Adi, que ayer se manifestó ayer a las puertas del local de San Antonio, se plantea de hecho llevar el caso a los tribunales penales, y si no estaba ayer representada en el juicio contable es porque el Ayuntamiento de Vitoria le denegó en su día, y le sigue denegando actualmente, según denuncia el colectivo, la información necesaria para formular una acusación coherente.

juicio sin fiscal Tampoco la Fiscalía participó ayer en el juicio del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, ayer el actual alcalde, Gorka Urtaran, señaló que si ha ocurrido así es porque el gobierno de Mariano Rajoy sustituyó al fiscal nombrado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y con ese cambió mutó también el criterio del Ministerio Fiscal. En todo caso, Urtaran estaba ayer satisfecho. “Estoy esperanzado, nadie esperaba que llegáramos hasta aquí, hasta el final”, afirmó el primer edil, convencido de que “ese contrato trajo consecuencias muy dañinas para el Ayuntamiento”, y que por ello confió en que “se repare el año económico causado”.

Alonso habló ayer, cuestionado por los periodistas. Maroto no se pronunció en la jornada en la que se le abrió otro frente judicial, pues fue citado para declarar por llamar “delincuente” a Luis Bárcenas en una programa de

televisión. Sí habló Manu Uriarte, concejal de Hacienda en la pasada legislatura y que, como su predecesora, Marian Gutiérrez, está encausado por haber seguido pagando el alquiler pactado por Alonso. “En estos momentos se está desarrollando el juicio, esperemos a la sentencia”, dijo Uriarte.

los datos

El caso. El Tribunal de Cuentas juzgó ayer el contrato de alquiler de un local de 1.000 metros cuadrados acordado entre el Ayuntamiento de Vitoria y el empresario Gonzalo Antón.

Los encausados. Además de Alfonso Alonso y Javier Maroto, el tribunal dirimirá si tuvieron responsabilidad o no los demás miembros de la Junta de Gobierno Local de principios de 2007. Se trata de Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos; y los siguientes concejales de Hacienda, Marian Gutiérrez y Manu Uriarte.

Los argumentos. La defensa de Alonso y Maroto sostiene que el asunto ha prescrito porque hace más de cinco años de la firma. La otra parte cree que sigue vigente porque hoy día se sigue pagando el alquiler.

El fallo. En un plazo de aproximadamente seis semanas se conocerá el fallo del Tribunal de Cuentas con respecto al caso San Antonio.

las frases

El exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad en funciones afirmó ayer que la legalidad del contrato no se ha discutido en ningún momento y que, en su opinión, el documento tampoco perjudicó económicamente a la ciudad.

El actual primer edil de la capital alavesa destacaba que, en su opinión, el contrato de alquiler fue “dañino” para el Ayuntamiento y deseó que la sentencia del Tribunal de Cuentas “repare el daño causado”.

El concejal de Hacienda en la anterior legislatura, encausado por mantener en vigor el contrato -aunque legalmente estaba blindado-, prefirió no valorar la cuestión hasta que no haya un fallo.

la cifra

850

Mil euros es la cantidad que a juicio de la representación legal del PSE y el PNV ha perdido la ciudad como consecuencia de este contrato. El abogado del Ayuntamiento sigue valorando el perjuicio en los 476.000 euros iniciales.

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El Tribunal de Cuentas aplaza sin fecha la vista previa del #alquilerSanAntonio @NoticiasdeAlava

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La vista previa del día 20 de enero no se celebrará por el traslado de la sede de esta institución. El organismo citará “a la mayor brevedad” a Maroto y Alonso

Txus Díez Josu Chavarri – Viernes, 15 de Enero de 2016

La vista previa fijada el 20 de enero en el Tribunal de Cuentas para decidir si se celebra o no un juicio contable contra los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto ha sido aplazada y no hay de momento una nueva fecha para su celebración, aunque se tratará de volver a convocar a las partes “a la mayor brevedad”. Este órgano investiga a los dos políticos por pagar al empresario Gonzalo Antón un alquiler superior al estipulado por los técnicos por el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio.

Según confirmó ayer este diario con el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en el Estado, la sede del Tribunal se va a trasladar de su emplazamiento actual, lo que ha motivado la suspensión de esta vista, en la que además estaban citados los demás miembros del equipo de gobierno de 2007 -Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos-, cuando Alonso era alcalde y Maroto su concejal de Hacienda. Todos ellos han debido abonar 55.000 euros cada uno que recibirá el Ayuntamiento si hay juicio y se determina que hubo responsabilidad.

También han debido abonar fianzas, aunque menos cuantiosas, la edil socialista Marian Gutiérrez, responsable de Hacienda en la siguiente legislatura y que intentó sin éxito rebajar el cuantioso alquiler al empresario; y su sucesor, el popular Manu Uriarte. En este caso se estudia la responsabilidad de ambos por aplicar el IPC que estipulaba el contrato firmado en su día.

La citación a Alonso, Maroto y el resto de exconcejales ha coincidido, por tanto, con la mudanza del Tribunal de Cuentas de su actual sede de la madrileña calle Fuencarral a Ortega y Gasset, en el entorno del Paseo de la Castellana. “Dado que la Sala de Justicia de esta nueva sede no estará aún disponible y acondicionada en la citada fecha de 20 de enero de 2016”, el Tribunal acuerda el aplazamiento en aplicación de los artículos 183 y siguientes de la Ley Procesal Civil. Así se lo comunicó este órgano ayer al Ayuntamiento de Vitoria, personado en la causa. De hecho, PNV, PSE y EH Bildu fueron quienes comunicaron lo sucedido al Tribunal al remitirle las conclusiones de la comisión de investigación celebrada entre finales de 2013 y principios de 2014 en el Consistorio.

En aquella comisión comparecieron Maroto, entonces alcalde, o los máximos responsables técnicos de la Hacienda municipal en los días en que se firmó el contrato, pero tanto Alfonso Alonso como Gonzalo Antón, que a fin de cuentas fueron quienes protagonizan esta historia, se negaron a dar su testimonio a la Corporación, amparándose en su derecho a hacerlo al no formar parte de la institución. En las sesiones celebradas en la Casa Consistorial se confirmó que los técnicos municipales fijaron un precio inferior al que después firmó Alonso, pero según los comparecientes del Partido Popular e incluso el entonces director de Hacienda, dicho cálculo no se ajustaba a la situación del mercado y por ello se modificó el precio a favor del arrendador. Sin embargo, también Vitoria pagaba el IBI del local y los gastos de comunidad, que habitualmente corren a cargo del que alquila en este tipo de contratos. La comisión reprobó a Maroto, alcalde por aquel entonces, bajo el reproche de “mentir” cuando dijo en 2007 que había una opción de compra sobre el local y que a los veinte años pasaría a ser de propiedad municipal, cuando aseguró en la comisión que se cerró la operación de forma urgente por la necesidad de trasladar la oficina de turismo de General Loma (que siguió en esa plaza dos años más), y cuando dijo que el contrato no se podía renegociar, pues él mismo pactó una nuevas condiciones escasos meses después.

A preguntas de los periodistas, ayer Maroto dijo desconocer las causas del aplazamiento, aunque aventuró que podía deberse a razones técnicas, como así era efectivamente. El actual gobierno municipal rehusó pronunciarse, mientras que el portavoz del PSE, Peio López de Munain, expresó su “lástima” por el retraso, pero destacó que “la espera será buena si al final se hace justicia con los vitorianos y vitorianas, que son realmente los grandes perjudicados”. En todo caso, y habida cuenta de que “Maroto y Alonso ya han tenido que pagar por ello y además haciendo uso de su propio patrimonio, las sospechas sobre cómo se gestó este contrato siguen más presentes que nunca”, dijo.

Para Jorge Hinojal, de Sumando-Hemen Gaude, “el Tribunal de Cuentas está altamente politizado”, y por ello su grupo quiere creer que la dilación no es “una maniobra más del PP” en pleno proceso de negociaciones para conformar un nuevo gobierno en España. “Nos apena que no se celebre porque Vitoria se merece la verdad en este asunto; si es por un traslado de edificio que sea cuanto antes”, deseó. El portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, pidió “la máxima celeridad para tener una sentencia definitiva cuanto antes”, pues “el PP perjudicó a la ciudadanía y Alonso y Maroto tienen que pagar sus responsabilidades”. Irabazi también reclamó “más transparencia para que no vuelva a pasar”. Por último, la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, dijo no albergar “mucha esperanza con respecto a lo que decida el Tribunal de Cuentas”, pese a que “ha quedado demostrado que hubo un chanchullo”. Además, dijo confiar en que el retraso en la vista previa sea “algo puntual”.

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