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Alonso y Maroto esperan el fallo del #AlquilerSanAntonio

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El abogado de PNV y PSE eleva a más de 850.000 euros la estimación sobre el perjuicio causado a la ciudad
El PP argumenta que el presunto error o negligencia ha prescrito
El Tribunal de Cuentas publicará el fallo en mes y medio

Txus Díez José Ramón Gómez – Martes, 12 de Abril de 2016 – Actualizado a las 06:14h

gasteiz – El juicio contable por el contrato de alquiler del local de San Antonio está visto para sentencia. Después de tres horas y media de sesión oral en la que cada parte defendió sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Cuentas, ahora le toca al órgano fiscalizador de las administraciones públicas decidir si Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros nueve concejales y exconcejales investigados perjudicaron o no al interés público cuando avalaron y mantuvieron el contrato de arrendamiento por un precio muy superior al establecido por los técnicos municipales del Ayuntamiento vitoriano. En aproximadamente seis semanas el Tribunal de cuentas publicará la sentencia.

La sesión arrancó a las 11.00 horas con la exposición por parte de los abogados del Partido Popular de dos nuevas pruebas. Por un lado, las grabaciones de la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento en la que se explicaba cuáles eran los precios de mercado de los locales comerciales en aquella época y en esa zona de la ciudad. Por otro, el testimonio de un perito que analizó también el mercado inmobiliario de aquellos inicios de 2007 en los que la burbuja del ladrillo estaba ya a punto de reventar.

A continuación, la representación legal del Ayuntamiento, del PNV y del PSE, las partes personadas en la causa, y del propio PP, plantearon sus conclusiones, y el juicio terminó. Los populares alegaron que a su juicio el asunto está prescrito, pues han pasado más de cinco años desde la firma del contrato, y los demás sostienen que la causa sigue vigente porque se sigue pagando el alquiler todos los meses.

Además, aunque el abogado del Ayuntamiento sigue valorando en los 476.000 euros depositados como fianza el perjuicio causado a la institución, la representación de PNV y PSE eleva dicha cuantía a unos 850.000 euros más intereses, pues durante varios meses el local estuvo inutilizado por obras y hasta 2013 el Ayuntamiento pagó el IBI y las basuras del local al propietario.

Poco más queda por añadir, a la espera de que el Tribunal de Cuentas ponga el epílogo a una polémica que comenzó en febrero de 2007, cuando se firmó el contrato, pero que no alcanzó su repercusión mediática hasta que se puso en marcha la comisión de investigación, por la que desfilaron técnicos y políticos relacionados de una u otra manera con un alquiler que le cuesta a la ciudad 14.000 euros todos los meses, IVA excluido. Eso ahora, pues antes de que Javier Maroto renegociara el contrato con el empresario propietario del local, Gonzalo Antón, se llegaron a abonar mensualidades de 51.000 euros, según señaló ayer Radio Vitoria.

El contrato estaba blindado por veinte años. El Ayuntamiento podía romperlo cuando quisiera, pero estaba obligado legalmente a abonar las mensualidades íntegras durante las dos décadas estipuladas. Además, por cuenta municipal corría el pago de la comunidad y de las obras de acondicionamiento de la lonja, que ejecutó el propietario, pues su oferta, al parecer, era la más ventajosa. En cuanto a la redacción del contrato, según los correos electrónicos cruzados entre la empresa Sbayre, propiedad de Antón, y los funcionarios del Departamento de Hacienda, primero se fijó la cuantía que debía percibir el empresario y luego se redactó el documento. Posteriormente los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero sus superiores lo elevaron hasta los 14 euros por metro. Además, se añadieron subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

Con todos estos datos sobre la mesa deberán tomar una decisión en el Tribunal de Cuentas que todas las partes esperan con sumo interés, especialmente quienes están acusados de haber perjudicado al erario público. El principal actor de toda esta historia, el exalcalde de Vitoria y ahora ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, confiaba ayer en que “se aclare todo de manera satisfactoria” e insistió en que su actuación fue conforme “a la legalidad” y al “interés de la ciudad”, informa Europa Press.

El exprimer edil gasteiztarra dijo estar “contento” de que “por fin ya podamos ir acabando con este tema”, y recordó que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, “cuestión que no ha estado nunca en cuestión”, sino si la actuación del Gobierno municipal fue “conforme o no con el interés general”.

Efectivamente, la única responsabilidad de la que tendrán que responder los encausados si son declarados culpables es económica. Todos tuvieron que depositar una fianza solidaria de 476.000 euros que se les retendrá, en parte o en su totalidad, si el Tribunal de Cuentas considera que actuaron de forma negligente o errónea. A quien no se podrá reclamar nada es a Antón, cuya condición de particular ajeno a la ad

ministración pública le deja fuera de las competencias del órgano fiscalizador.

Sobre si la legalidad de la operación ha estado ha estado o no en cuestión, lo cierto es que en un primer momento la Fiscalía alavesa no vio ningún indicio de delito, pero por otro lado el Tribunal de Cuentas o cualquiera de las partes tiene la potestad de remitir el asunto a los tribunales penales si como consecuencia del juicio contable se ha detectado algún ilícito en la actuación del equipo de gobierno vitoriano en aquel mes de febrero de 2007.

La asociación contra la corrupción Adi, que ayer se manifestó ayer a las puertas del local de San Antonio, se plantea de hecho llevar el caso a los tribunales penales, y si no estaba ayer representada en el juicio contable es porque el Ayuntamiento de Vitoria le denegó en su día, y le sigue denegando actualmente, según denuncia el colectivo, la información necesaria para formular una acusación coherente.

juicio sin fiscal Tampoco la Fiscalía participó ayer en el juicio del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, ayer el actual alcalde, Gorka Urtaran, señaló que si ha ocurrido así es porque el gobierno de Mariano Rajoy sustituyó al fiscal nombrado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y con ese cambió mutó también el criterio del Ministerio Fiscal. En todo caso, Urtaran estaba ayer satisfecho. “Estoy esperanzado, nadie esperaba que llegáramos hasta aquí, hasta el final”, afirmó el primer edil, convencido de que “ese contrato trajo consecuencias muy dañinas para el Ayuntamiento”, y que por ello confió en que “se repare el año económico causado”.

Alonso habló ayer, cuestionado por los periodistas. Maroto no se pronunció en la jornada en la que se le abrió otro frente judicial, pues fue citado para declarar por llamar “delincuente” a Luis Bárcenas en una programa de

televisión. Sí habló Manu Uriarte, concejal de Hacienda en la pasada legislatura y que, como su predecesora, Marian Gutiérrez, está encausado por haber seguido pagando el alquiler pactado por Alonso. “En estos momentos se está desarrollando el juicio, esperemos a la sentencia”, dijo Uriarte.

los datos

El caso. El Tribunal de Cuentas juzgó ayer el contrato de alquiler de un local de 1.000 metros cuadrados acordado entre el Ayuntamiento de Vitoria y el empresario Gonzalo Antón.

Los encausados. Además de Alfonso Alonso y Javier Maroto, el tribunal dirimirá si tuvieron responsabilidad o no los demás miembros de la Junta de Gobierno Local de principios de 2007. Se trata de Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos; y los siguientes concejales de Hacienda, Marian Gutiérrez y Manu Uriarte.

Los argumentos. La defensa de Alonso y Maroto sostiene que el asunto ha prescrito porque hace más de cinco años de la firma. La otra parte cree que sigue vigente porque hoy día se sigue pagando el alquiler.

El fallo. En un plazo de aproximadamente seis semanas se conocerá el fallo del Tribunal de Cuentas con respecto al caso San Antonio.

las frases

El exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad en funciones afirmó ayer que la legalidad del contrato no se ha discutido en ningún momento y que, en su opinión, el documento tampoco perjudicó económicamente a la ciudad.

El actual primer edil de la capital alavesa destacaba que, en su opinión, el contrato de alquiler fue “dañino” para el Ayuntamiento y deseó que la sentencia del Tribunal de Cuentas “repare el daño causado”.

El concejal de Hacienda en la anterior legislatura, encausado por mantener en vigor el contrato -aunque legalmente estaba blindado-, prefirió no valorar la cuestión hasta que no haya un fallo.

la cifra

850

Mil euros es la cantidad que a juicio de la representación legal del PSE y el PNV ha perdido la ciudad como consecuencia de este contrato. El abogado del Ayuntamiento sigue valorando el perjuicio en los 476.000 euros iniciales.

[Nota informativa] ante el juicio contable del 11 de abril del #alquilerSanAntonio

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San antonio 2016.04.11

CONVOCATORIA: LLAMAMIENTO A TODAS AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN EL ESCLARECIMIENTO DEL GRAVOSO CONTRATO DE ALQUILER DE LOS LOCALES DE LA CALLE SAN ANTONIO n° 10 DE VITORIA-GASTEIZ, A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DELANTE DE LOS MENCIONADOS LOCALES, A LAS 7 DE LA TARDE DEL DÍA 11 DE ABRIL, LUNES, EN VITORIA-GASTEIZ.

El próximo lunes, día 11 de abril, se va a celebrar en la Sala de de Justicia del Tribunal de Cuentas del Estado juicio contable contra 11 cargos y excargos públicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entre los que se encuentran los dos últimos alcaldes del Partido Popular en la ciudad, Alfonso Alonso y Javier Maroto, por la firma del gravoso contrato blindado de alquiler de la la calle San Antonio nº 10 de Vitoria-Gasteiz, firmado el 16 de febrero de 2007 a beneficio del hostelero Gonzalo Antón para un periodo de 20 años.

El juicio contable es consecuencia de las Actuaciones Previas llevadas a cabo por el propio Tribunal de Cuentas a raíz de la remisión del expediente de la Comisión del Pleno de Investigación sobre el contrato de alquiler de los locales de la calle San Antonio nº 10, por si del mismo pudiera derivarse responsabilidad contable.

A 5 de marzo de 2015, la unidad de actuaciones previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables del Tribunal de Cuentas, emite una acta de liquidación provisional donde establece que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pactó un precio superior al que correspondía sin que se justificara en modo alguno esa divergencia. Ese precio superior pactado corresponde, según el Tribunal en sus actuaciones previas a estos tres aspectos. Por un lado, el importe de la renta a pagar estima que esta 2.331,86 € al mes por encima de lo que en realidad debería pagar el Ayuntamiento en base al informe de valoración de la renta realizado por los servicios técnicos del propio Ayuntamiento. Por otro lado, la actualización de la renta debería haber sido en función del IPC y no mediante un porcentaje de actualización superior. Por último, el tribunal en su fase indiciaria determina que los gastos de comunidad deberían ir a costa del hostelero Gonzalo Antón y no a cuenta del Ayuntamiento como se pactó, contraviniendo así el informe de valoración de la renta del Ayuntamiento.

Así pues, en dicha acta de liquidación provisional el Tribunal de Cuentas establece la existencia de un presunto ilícito de alcance cuyos responsables contables son Alfonso Alonso (Ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco), Javier Maroto (portavoz del PP Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Vicesecretario general del PP), Encina Serrano (exconcejal PP), Miguel Ángel Echevarría (exconcejal PP), Jorge Ibarrondo (exsenador PP), Fernando Aranguiz (presidendente Caja de Ahorros de Vitoria y Álava Fundación Bancaria), Marian Castellanos (exconcejal PP), Alfredo Iturricha (concejal PP) e Idoia Garmendia (exconcejal PP), es decir, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que el 9 de febrero de 2007 acordó por unanimidad suscribir el alquiler con el hostelero Gonzalo Antón. Así mismo, a juicio de Tribunal de Cuentas, la parte del presunto alcance que se deriva de la errónea actualización de la renta por incumplir los acuerdos que en su día se aprobaron y comprometieron el gasto del Ayuntamiento en relación al contrato de alquiler, ha de atribuirse a los distintos responsables de Hacienda del Ayuntamiento Javier Maroto, María Ángeles Gutierrez (Directora de infraestructuras y movilidad de la Diputación Foral de Álava) y Manuel Uriarte (concejal PP). El perjuicio ocasionado, como mínimo, a las arcas municipales, según el Tribunal de Cuentas por el sobreprecio de la renta pagada y su actualización gravosa desde marzo de 2007, hasta la firma de la adenda al contrato por el cual se modifican las condiciones de pago del mismo (noviembre 2013), se elevan a un total de 516.514,36 €, correspondiendo 457.784,76 € al principal y 58.729,60 € a los intereses de demora. Las once personas a las que se juzgará por esta causa han tenido que depositar avales personales por la totalidad de la cantidad descrita.

Esa es, a día de hoy y de manera muy resumida la posición del Tribunal de Cuentas que nadie va a defender el próximo lunes en la Sala de justicia del citado Tribunal. Y decimos que nadie va defenderla por que a día de hoy desconocemos cual es el contenido de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento. No se sabe si la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el cambio de gobierno es acorde a las responsabilidades establecidas en las actuaciones previas o no. La demanda conjunta interpuesta por los grupos municipales de PNV y PSE obvia la responsabilidad contable de los concejales de Hacienda a los que el Tribunal de Cuentas si les atribuye haber causado daño a las arcas municipales con su proceder. Y por último, el Ministerio Fiscal, ni va a comparecer en el juicio contable en defensa del interes publico, por que de manera torticera, se retiró en el último suspiro de la causa.

En auto de la Consejera de Cuentas del Tribunal, de 29 de octubre de 2015, estableció que la cuantía del juicio contable era indeterminada por la existencia de partidas derivadas de ese alquiler que no se han podido cuantificar, como el coste de unas obras, las cuotas de la comunidad y otras rentas. En ese momento procesal, el Fiscal del Tribunal de Cuentas se ratificó en que el daño a las arcas municipales rondaba el medio millón de euros, cuantía que se impuso como fianza a la junta de gobierno del consistorio que adoptó la decisión de alquilar el local en 2007. El Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, desde que el 18 de junio de 2014, día que solicita que fuera propuesto un Delegado Instructor para la causa, no se opone a ninguna de las decisiones del Tribunal de Cuentas en este caso, como pueden ser por ejemplo, la imposición de las fianzas por más de medio millón o la no aceptación del recurso interpuesto contra el Acta de Liquidación Provisional y la Providencia de Requerimiento de Pago presentado por María Ángeles Gutierrez. En escrito de 30 de abril de 2015 el Ministerio Fiscal se opuso al recurso solicitando su desestimación y pidió la confirmación de las resoluciones recurridas.

¿Qué es lo que ha sucedido entre el 29 de octubre de 2015 donde el Ministerio Fiscal se ratifica en el daño causado a las arcas públicas y el 15 de febrero de 2016 donde la fiscalía retira la acusación? En términos procesales nada. No hay nuevos trámites ni se aporta documentación nueva a la causa que justifiquen este cambio de criterio de la Fiscalía en este caso. Sin nada nuevo a la vista, el Ministerio Fiscal cambia sin justificación alguna su criterio mantenido codo con codo con el Tribunal de Cuentas durante 21 meses de instrucción del caso. ¿A qué criterio obedece el desistimiento de la Fiscalía en la causa? ¿Tiene que ver la afiliación política de los juzgados? ¿Su posición en órganos del Gobierno? ¿El papel que juega alguno en el partido del Gobierno en funciones actual? Recordar que el Ministerio Fiscal es el órgano dependiente del Gobierno encargado de velar por el interés público de los ciudadanos.

De todas formas, para la iniciativa ciudadana Adi!, el daño infligido a las arcas municipales, al dinero de todos en definitiva, va mas allá del perjuicio del sobreprecio pagado en concepto de renta al hostelero Gonzalo Antón. Desde Adi! ponemos en cuestión la totalidad de la renta pagada con dinero de todos por un alquiler a todas luces innecesario en su momento, realizado deprisa y corriendo meses antes de finalizar la última legislatura de Alfonso Alonso, con el único objetivo de beneficiar al hostelero Gonzalo Antón, para que éste pudiera rentabilizar la adquisición de unos locales en los bajos de unas viviendas de lujo comprados meses antes. ¿A cambio de qué Alfonso Alonso y Javier Maroto? ¿Hubo contrapartida previa o posterior por este gravoso contrato adjudicado a dedo al hostelero Gonzalo Antón?

Son preguntas que aun no tienen respuesta, pero que a la vista parcial de la documentación obrante en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde Adi! denunciamos que antes de la firma del contrato, en el Ayuntamiento de Vitoría-Gasteiz por parte de técnicos y representantes públicos no se actuó con el rigor necesario. Una vez firmado el contrato la actuación de técnicos y representantes públicos tampoco resultó la mas rigurosa en defensa del interés público. Sobre las consecuencias que puedan derivarse de esa forma de proceder, aún es pronto para adelantar más detalles, ya que de nuevo nos hemos encontrado con la negativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a facilitarnos mas documentación sobre el tema. Esta vez no ha sido vía decreto como con el anterior alcalde Javier Maroto que logramos tumbar en los tribunales. Esta vez ha sido personal técnico quien nos ha denegado la información que ha de ser accesible a la ciudadanía, personal técnico que participó de manera directa en la confección del contrato de alquiler para que se adecuara a las necesidades econónicas requeridas por Gonzalo Antón al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Nos parece muy grave esta forma de actuar y no vamos a cejar en nuestro empeño de recabar toda la información necesaria para llegar a esclarecer hasta la última responsabilidad de este trato de favor a cuenta del dinero de todos, por encima de todas las piedras que nos quieran poner en el camino.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2016

.@adielkartea “Inork ez du dirua ezeren truke ematen. Nola da posible EAJk hainbeste berenganatzea?” @arrosasarea #DeMiguel

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Hala Bedi. Zebrabidea

Legez kanpoko elkarte bat eratu eta komisioak kobratzea, EAJk gobernatutako erakundeen kontratu eta adjudikazio publikoak modu irregularrean eskuratzea, egin gabeko lanengatik dirua lortzea, kapitala zuritzea, eroskeria, bortxaz jendea behartzea, dirua bidegabe erabiltzea… Horiek eta gehiago dira Arabako Probintzia Auzitegiko fiskalak De Miguel auzia delakoan zehaztutako delituak. Denera, hogeiren bat delitu egotzi dizkio Alfredo de Miguel auzipetu eta EAJko buruzagi ohiari. Zigor eskaera gogorra ere egin du Josu Izagirre fiskalak, ahozko epaiketara bidean den auzian: ia 55 urteko kartzela zigorra, eta 25 milioi euroko bermea. Luze jotzen ari den ustelkeria auzia da hizpide hartu duguna, eta horri begira jarriko gara jarraian. Gasteizko Halabedi irratiko estudioarekin bat egin dugu, Igor Goikolea esatariak ustelkeriaren aurkako Adi! Elkarteko kideei elkarrizketa egin baitio.