Javier maroto

“A la mafia de #FCC en vitoria-gasteiz le siguen saliendo los números con la basura”

Posted on Actualizado enn

Y da igual quien ostente la alcaldía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya sea el PP (dos veces), el PSOE o el PNV, en cualquiera de los casos a FCC le siguen saliendo las cuentas pagadas con dinero público.

Ante la primera convocatoria de huelga de los trabajadores de la contrata de limpieza, la UTE compuesta por FCC y una filial de la constructora vizcaína Viuda de Sainz S.A., reconoció públicamente que “no pueden cumplir con lo firmado”, llegando a dar incluso una cifra de pérdidas anuales en la contrata de 3,1 millones de euros al año. La realidad sin embargo es que la UTE realizó una oferta económica a la baja de forma consciente para asegurarse volver a adjudicarse este suculento contrato público. En el mundo de esos negocios nadie está para perder dinero, y menos estos tiburones devoradores de contratos públicos millonarios. En este caso, estamos hablando del segundo contrato más caro que tiene suscrito el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solo superado en cuantía por el alquiler de las oficinas del nuevo Ayuntamiento en San Martín (30 millones anuales se pagan a una UTE de constructoras donde figura, entre otras, la del actual presidente de CONFEBASK).

El segundo contrato más oneroso para las arcas municipales se adjudicó con una oferta a la baja a la misma empresa matriz que consiguió la adjudicación en oscuras circunstancias en el año 2006, de la mano del equipo de gobierno presidido entonces por Alfonso Alonso (PP). El mismo equipo de gobierno que el actual alcalde Gorka Urtaran ha habilitado de facto para la gestión pública, al no recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas por el caso San Antonio ante el Tribunal Supremo (en efecto, la sentencia era perfectamente recurrible y una decisión netamente política, que no jurídica, del actual regidor del PNV, es la que le ha dado carpetazo al #alquilerSan Antonio en la vía contable).

 En el proceso de adjudicación de la contrata de la limpieza viaria en la capital alavesa, existen una serie de claroscuros tanto en 2006 como en 2015, resultando en ambos casos beneficiada la misma empresa de la mano de equipos de gobierno del Partido Popular. No es desdeñable apuntar que el propio expresidente (ahora) de FCC admitió haber realizado donaciones a la caja B del Partido Popular.

 Es público, que en 2006, en un hecho sin precedentes para la época en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las reuniones de la mesa de contratación se celebraron a puerta cerrada en el despacho de Alfonso Alonso sin que el resto de formaciones políticas pudieran participar. También ha transcendido que FCC manejó información privilegiada filtrada por el propio Ayuntamiento. Una alta funcionaria del mismo facilitó previamente información y datos internos a varios directivos de FCC, con los cuales intercambió a posteriori, una vez que dicha empresa se hizo con la adjudicación, diversos correos electrónicos donde se podían leer expresiones que provocan sonrojo, verbigracia: “(…) «Gracias a todos y ¡enhorabuena!» (…) «todo está montado para que salga todo bien y ha existido una buenísima colaboración por todos y un gran trabajo». «¡Somos un equipo por un objetivo común!». Asimismo, la mujer del único funcionario municipal que participó en la adjudicación con peso específico en la evaluación de las ofertas, fue contratada por FCC poco antes de que la empresa obtuviera la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sin olvidar el paso a la empresa privada de José Antonio Pizarro, teniente de alcalde con Alfonso Alonso, para crear una empresa de asesoramiento medioambiental, cuyo único cliente resultó ser FCC, a la que asesoró de cara a la adjudicación de dicho contrato, además de ser el gran valedor de la compañía para que FCC se hiciera cargo de más funciones “medioambientales” cobradas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Un hermano de José Antonio Pizarro también fue contratado como responsable del Reutilizagune, un centro vinculado a la contrata de la limpieza de Vitoria-Gasteiz gestionado como no, por FCC. Todo muy green por lo visto.

Pero los claroscuros no terminaron con la adjudicación. La gestión de la contrata, el cobro de trabajos extras, el cobro de trabajos no realizados, en definitiva, el descontrol sobre lo que se adjudicó y lo que en realidad se pagaba desde las arcas municipales era absoluto, a mayor gloria de la que a la postre fue bautizada como “European green capital”. Como muestra de este descontrol, pulsen este link (http://www.eaj-pnv.eus/blog/alvaro-iturritxa-velez-elburgo/cuando-basura-negocio_61_72.html) y lean lo escrito por la mano del ahora mudo Coordinador General del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, es decir, el actual responsable político de controlar la eficaz prestación de servicios de la contrata de limpieza viaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alvaro Iturritxa.

 En 2015, tras años de prórroga en la contrata, pagando ya el Ayuntamiento por encima de lo que se estableció en 2006, se volvió a adjudicar el contrato público y FCC se descolgó con una oferta económica 3 millones de euros por debajo de lo que le venía cobrando al Ayuntamiento (curioso que FCC diga ahora que la contrata le está suponiendo justamente 3 millones de euros de pérdidas anuales, curioso). Y además de la rebaja en la cuantía, ofreció al Ayuntamiento asumir más servicios que los que supuestamente se realizaban en la anterior contrata. ¿Cómo es posible? ¿Con esa oferta FCC estaba reconociendo explícitamente que había estado cobrándole de más al Ayuntamiento un montón de años? ¿Que se podían hacer más servicios de limpieza por menos dinero? Leticia Comerón, concejala en la que delegó el por entonces todavía alcalde de Vitoria-Gasteiz Javier Maroto la adjudicación de la contrata, tuvo muy claro que sí desde el principio. Afirmó Comerón que FCC iba a prestar más servicios por menos dinero y por tanto íbamos a tener una ciudad más limpia por un precio más económico. Que antes se pagara más a FCC por hacer menos le daba exactamente igual. Como les ha dado exactamente igual a Gorka Urtaran, Iñaki Prusilla o Alvaro Iturritxa una vez han tomado estos las riendas del Ayuntamiento. Pelillos a la mar, que se dice. ¿Para qué van a molestarse en levantar las alfombras, para qué poner en práctica ahora que pueden, lo poco que podían hacer desde la oposición para aclarar todo lo que hay detrás de la gestión de la contrata de limpieza? El PNV no tiene voluntad ninguna ni en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ni en la Diputación Foral de Álava/Araba de hincarle el diente a ese hueso. FCC también cobra por la gestión de la planta de clasificación de envases de Jundiz, de propiedad foral, donde igualmente se han denunciado graves irregularidades en su gestión, a las que PNV-PSE-PP continúan haciendo oídos sordos. Así se protege, por ahora, a FCC en el territorio alaves.

Conviene recordar que en pleno proceso de adjudicación de la contrata de basuras en 2015, el entonces portavoz del PSOE en la corporación vitoriana Patxi Lazcoz, le dijo a Leticia Comeron en persona y ante testigos que tenía “grabaciones” que desvelaban que la edil delegada por Javier Maroto para la adjudicación del jugoso contrato, se había estado reuniendo con directivos de FCC y el anteriormente mencionado valedor de la compañía José Antonio Pizarro. El objetivo de esas supuestas reuniones no sería otro que el de amañar el pliego de condiciones con el objetivo que FCC repitiera en la adjudicación del contrato. Leticia Comerón lo negó todo rotundamente y desafió a Patxi lazcoz a hacer públicas esas grabaciones bajo la amenaza de que si no lo hacía, presentaría una querella criminal contra él. Pues ni lo uno, ni lo otro. Ni Lazcoz ha hecho públicas esas “grabaciones” ni Leticia Comeron ha presentado querella criminal alguna (entre bomberos no deben querer pisarse la manguera).

 Las elecciones municipales del 2015 llegan con todo atado y bien atado para FCC, daba igual quien las ganara, la compañía ya tenía asegurados otros ocho años más de prestación de servicios, eso si, ofertados a la baja supuestamente. Las personas responsables de las citadas irregularidades en la adjudicación anterior, continúan en plantilla y de nuevo han sido los avaladores técnicos de la limpieza, valga la redundancia, en el proceso de renovación de la contrata. Los que han mutado sin embargo, son los actuales responsables políticos que se supone que tienen la sartén de FCC cogida por el mango. Amagaron con tirar de la manta cuando Iñaki Prusilla, edil del PNV, dijo aquello de que tanto el Partido Popular como Leticia Comerón, tenían mucho que callar sobre el tema. O cuando Gorka Urtaran realizo aquellas otras declaraciones donde denunciaba, sólo de palabra, que en la anterior contrata, se pagaba por trabajos no realizados, es decir, que se malversaban fondos públicos. Pero todo esto a FCC le resbala por completo y continúa haciendo y deshaciendo a su antojo porque sabe que en Vitoria no hay actualmente voluntad política suficiente para investigar sus desmanes, como por ejemplo en Badalona o Barcelona (http://economia.elpais.com/economia/2016/11/21/actualidad/1479737886_892494.html o http://economia.elpais.com/economia/2017/05/01/actualidad/1493635671_126545.html).

Y todo parece indicar que el actual equipo de gobierno formado por el tándem PNV-PSE, junto a la inestimable colaboración del PP, va a seguir permitiendo que la compañía campe a sus anchas, ya sea incumpliendo sentencias laborales que han ganado los trabajadores en los tribunales, ejecutando despidos excusándose en casos de absentismo que no se ajustan a la realidad, ahorrándose la contratación del número de trabajadores a los que está obligado por convenio, o bien contratando el doble de personal técnico del que se le permite por convenio, incluyendo en nómina del Ayuntamiento a cargos directivos de FCC. Y en esas prácticas de FCC, en ese know-how de FCC en Vitoria-Gasteiz, está la clave de la renovación a la baja del contrato de la limpieza.

 ¿Por qué le hace FCC al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una oferta económica a la baja que resulta insostenible para su negocio según reconoce la propia compañía ahora?

 La única hipótesis que se nos ocurre para responder a esa pregunta, es que FCC ofrece a sabiendas “perder” dinero por un lado, para ganarlo por otro lado amparado en la protección de los políticos de turno. No hay más tela que cortar. Algo huele a podrido en la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y tenemos muy claro que no son los trabajadores. Un Ayuntamiento honesto con sus ciudadanos debe dejar de tratar con empresas vinculadas a las prácticas mafiosas del denominado “cártel de las basuras”, que se han repartido el pastel de los contratos públicos a lo largo y ancho del Estado. Un Ayuntamiento decente ha de dejar de ser cómplice de estos mafiosos, debiendo impedir en todo caso que se haga negocio de manera fraudulenta con el dinero de todos los ciudadanos.

Anuncios

Alonso y Maroto esperan el fallo del #AlquilerSanAntonio

Posted on

El abogado de PNV y PSE eleva a más de 850.000 euros la estimación sobre el perjuicio causado a la ciudad
El PP argumenta que el presunto error o negligencia ha prescrito
El Tribunal de Cuentas publicará el fallo en mes y medio

Txus Díez José Ramón Gómez – Martes, 12 de Abril de 2016 – Actualizado a las 06:14h

gasteiz – El juicio contable por el contrato de alquiler del local de San Antonio está visto para sentencia. Después de tres horas y media de sesión oral en la que cada parte defendió sus argumentos ante los magistrados del Tribunal de Cuentas, ahora le toca al órgano fiscalizador de las administraciones públicas decidir si Alfonso Alonso, Javier Maroto y los otros nueve concejales y exconcejales investigados perjudicaron o no al interés público cuando avalaron y mantuvieron el contrato de arrendamiento por un precio muy superior al establecido por los técnicos municipales del Ayuntamiento vitoriano. En aproximadamente seis semanas el Tribunal de cuentas publicará la sentencia.

La sesión arrancó a las 11.00 horas con la exposición por parte de los abogados del Partido Popular de dos nuevas pruebas. Por un lado, las grabaciones de la comisión de investigación celebrada en el Ayuntamiento en la que se explicaba cuáles eran los precios de mercado de los locales comerciales en aquella época y en esa zona de la ciudad. Por otro, el testimonio de un perito que analizó también el mercado inmobiliario de aquellos inicios de 2007 en los que la burbuja del ladrillo estaba ya a punto de reventar.

A continuación, la representación legal del Ayuntamiento, del PNV y del PSE, las partes personadas en la causa, y del propio PP, plantearon sus conclusiones, y el juicio terminó. Los populares alegaron que a su juicio el asunto está prescrito, pues han pasado más de cinco años desde la firma del contrato, y los demás sostienen que la causa sigue vigente porque se sigue pagando el alquiler todos los meses.

Además, aunque el abogado del Ayuntamiento sigue valorando en los 476.000 euros depositados como fianza el perjuicio causado a la institución, la representación de PNV y PSE eleva dicha cuantía a unos 850.000 euros más intereses, pues durante varios meses el local estuvo inutilizado por obras y hasta 2013 el Ayuntamiento pagó el IBI y las basuras del local al propietario.

Poco más queda por añadir, a la espera de que el Tribunal de Cuentas ponga el epílogo a una polémica que comenzó en febrero de 2007, cuando se firmó el contrato, pero que no alcanzó su repercusión mediática hasta que se puso en marcha la comisión de investigación, por la que desfilaron técnicos y políticos relacionados de una u otra manera con un alquiler que le cuesta a la ciudad 14.000 euros todos los meses, IVA excluido. Eso ahora, pues antes de que Javier Maroto renegociara el contrato con el empresario propietario del local, Gonzalo Antón, se llegaron a abonar mensualidades de 51.000 euros, según señaló ayer Radio Vitoria.

El contrato estaba blindado por veinte años. El Ayuntamiento podía romperlo cuando quisiera, pero estaba obligado legalmente a abonar las mensualidades íntegras durante las dos décadas estipuladas. Además, por cuenta municipal corría el pago de la comunidad y de las obras de acondicionamiento de la lonja, que ejecutó el propietario, pues su oferta, al parecer, era la más ventajosa. En cuanto a la redacción del contrato, según los correos electrónicos cruzados entre la empresa Sbayre, propiedad de Antón, y los funcionarios del Departamento de Hacienda, primero se fijó la cuantía que debía percibir el empresario y luego se redactó el documento. Posteriormente los técnicos municipales fijaron el precio del alquiler en 11,3 euros por metro cuadrado, pero sus superiores lo elevaron hasta los 14 euros por metro. Además, se añadieron subidas anuales de hasta nueve puntos por encima del IPC.

Con todos estos datos sobre la mesa deberán tomar una decisión en el Tribunal de Cuentas que todas las partes esperan con sumo interés, especialmente quienes están acusados de haber perjudicado al erario público. El principal actor de toda esta historia, el exalcalde de Vitoria y ahora ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, confiaba ayer en que “se aclare todo de manera satisfactoria” e insistió en que su actuación fue conforme “a la legalidad” y al “interés de la ciudad”, informa Europa Press.

El exprimer edil gasteiztarra dijo estar “contento” de que “por fin ya podamos ir acabando con este tema”, y recordó que lo que se juzga no es que actuaran conforme a la legalidad, “cuestión que no ha estado nunca en cuestión”, sino si la actuación del Gobierno municipal fue “conforme o no con el interés general”.

Efectivamente, la única responsabilidad de la que tendrán que responder los encausados si son declarados culpables es económica. Todos tuvieron que depositar una fianza solidaria de 476.000 euros que se les retendrá, en parte o en su totalidad, si el Tribunal de Cuentas considera que actuaron de forma negligente o errónea. A quien no se podrá reclamar nada es a Antón, cuya condición de particular ajeno a la ad

ministración pública le deja fuera de las competencias del órgano fiscalizador.

Sobre si la legalidad de la operación ha estado ha estado o no en cuestión, lo cierto es que en un primer momento la Fiscalía alavesa no vio ningún indicio de delito, pero por otro lado el Tribunal de Cuentas o cualquiera de las partes tiene la potestad de remitir el asunto a los tribunales penales si como consecuencia del juicio contable se ha detectado algún ilícito en la actuación del equipo de gobierno vitoriano en aquel mes de febrero de 2007.

La asociación contra la corrupción Adi, que ayer se manifestó ayer a las puertas del local de San Antonio, se plantea de hecho llevar el caso a los tribunales penales, y si no estaba ayer representada en el juicio contable es porque el Ayuntamiento de Vitoria le denegó en su día, y le sigue denegando actualmente, según denuncia el colectivo, la información necesaria para formular una acusación coherente.

juicio sin fiscal Tampoco la Fiscalía participó ayer en el juicio del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, ayer el actual alcalde, Gorka Urtaran, señaló que si ha ocurrido así es porque el gobierno de Mariano Rajoy sustituyó al fiscal nombrado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y con ese cambió mutó también el criterio del Ministerio Fiscal. En todo caso, Urtaran estaba ayer satisfecho. “Estoy esperanzado, nadie esperaba que llegáramos hasta aquí, hasta el final”, afirmó el primer edil, convencido de que “ese contrato trajo consecuencias muy dañinas para el Ayuntamiento”, y que por ello confió en que “se repare el año económico causado”.

Alonso habló ayer, cuestionado por los periodistas. Maroto no se pronunció en la jornada en la que se le abrió otro frente judicial, pues fue citado para declarar por llamar “delincuente” a Luis Bárcenas en una programa de

televisión. Sí habló Manu Uriarte, concejal de Hacienda en la pasada legislatura y que, como su predecesora, Marian Gutiérrez, está encausado por haber seguido pagando el alquiler pactado por Alonso. “En estos momentos se está desarrollando el juicio, esperemos a la sentencia”, dijo Uriarte.

los datos

El caso. El Tribunal de Cuentas juzgó ayer el contrato de alquiler de un local de 1.000 metros cuadrados acordado entre el Ayuntamiento de Vitoria y el empresario Gonzalo Antón.

Los encausados. Además de Alfonso Alonso y Javier Maroto, el tribunal dirimirá si tuvieron responsabilidad o no los demás miembros de la Junta de Gobierno Local de principios de 2007. Se trata de Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos; y los siguientes concejales de Hacienda, Marian Gutiérrez y Manu Uriarte.

Los argumentos. La defensa de Alonso y Maroto sostiene que el asunto ha prescrito porque hace más de cinco años de la firma. La otra parte cree que sigue vigente porque hoy día se sigue pagando el alquiler.

El fallo. En un plazo de aproximadamente seis semanas se conocerá el fallo del Tribunal de Cuentas con respecto al caso San Antonio.

las frases

El exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad en funciones afirmó ayer que la legalidad del contrato no se ha discutido en ningún momento y que, en su opinión, el documento tampoco perjudicó económicamente a la ciudad.

El actual primer edil de la capital alavesa destacaba que, en su opinión, el contrato de alquiler fue “dañino” para el Ayuntamiento y deseó que la sentencia del Tribunal de Cuentas “repare el daño causado”.

El concejal de Hacienda en la anterior legislatura, encausado por mantener en vigor el contrato -aunque legalmente estaba blindado-, prefirió no valorar la cuestión hasta que no haya un fallo.

la cifra

850

Mil euros es la cantidad que a juicio de la representación legal del PSE y el PNV ha perdido la ciudad como consecuencia de este contrato. El abogado del Ayuntamiento sigue valorando el perjuicio en los 476.000 euros iniciales.

[Nota informativa] ante el juicio contable del 11 de abril del #alquilerSanAntonio

Posted on Actualizado enn

San antonio 2016.04.11

CONVOCATORIA: LLAMAMIENTO A TODAS AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS EN EL ESCLARECIMIENTO DEL GRAVOSO CONTRATO DE ALQUILER DE LOS LOCALES DE LA CALLE SAN ANTONIO n° 10 DE VITORIA-GASTEIZ, A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DELANTE DE LOS MENCIONADOS LOCALES, A LAS 7 DE LA TARDE DEL DÍA 11 DE ABRIL, LUNES, EN VITORIA-GASTEIZ.

El próximo lunes, día 11 de abril, se va a celebrar en la Sala de de Justicia del Tribunal de Cuentas del Estado juicio contable contra 11 cargos y excargos públicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entre los que se encuentran los dos últimos alcaldes del Partido Popular en la ciudad, Alfonso Alonso y Javier Maroto, por la firma del gravoso contrato blindado de alquiler de la la calle San Antonio nº 10 de Vitoria-Gasteiz, firmado el 16 de febrero de 2007 a beneficio del hostelero Gonzalo Antón para un periodo de 20 años.

El juicio contable es consecuencia de las Actuaciones Previas llevadas a cabo por el propio Tribunal de Cuentas a raíz de la remisión del expediente de la Comisión del Pleno de Investigación sobre el contrato de alquiler de los locales de la calle San Antonio nº 10, por si del mismo pudiera derivarse responsabilidad contable.

A 5 de marzo de 2015, la unidad de actuaciones previas a la exigencia jurisdiccional de responsabilidades contables del Tribunal de Cuentas, emite una acta de liquidación provisional donde establece que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pactó un precio superior al que correspondía sin que se justificara en modo alguno esa divergencia. Ese precio superior pactado corresponde, según el Tribunal en sus actuaciones previas a estos tres aspectos. Por un lado, el importe de la renta a pagar estima que esta 2.331,86 € al mes por encima de lo que en realidad debería pagar el Ayuntamiento en base al informe de valoración de la renta realizado por los servicios técnicos del propio Ayuntamiento. Por otro lado, la actualización de la renta debería haber sido en función del IPC y no mediante un porcentaje de actualización superior. Por último, el tribunal en su fase indiciaria determina que los gastos de comunidad deberían ir a costa del hostelero Gonzalo Antón y no a cuenta del Ayuntamiento como se pactó, contraviniendo así el informe de valoración de la renta del Ayuntamiento.

Así pues, en dicha acta de liquidación provisional el Tribunal de Cuentas establece la existencia de un presunto ilícito de alcance cuyos responsables contables son Alfonso Alonso (Ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco), Javier Maroto (portavoz del PP Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Vicesecretario general del PP), Encina Serrano (exconcejal PP), Miguel Ángel Echevarría (exconcejal PP), Jorge Ibarrondo (exsenador PP), Fernando Aranguiz (presidendente Caja de Ahorros de Vitoria y Álava Fundación Bancaria), Marian Castellanos (exconcejal PP), Alfredo Iturricha (concejal PP) e Idoia Garmendia (exconcejal PP), es decir, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que el 9 de febrero de 2007 acordó por unanimidad suscribir el alquiler con el hostelero Gonzalo Antón. Así mismo, a juicio de Tribunal de Cuentas, la parte del presunto alcance que se deriva de la errónea actualización de la renta por incumplir los acuerdos que en su día se aprobaron y comprometieron el gasto del Ayuntamiento en relación al contrato de alquiler, ha de atribuirse a los distintos responsables de Hacienda del Ayuntamiento Javier Maroto, María Ángeles Gutierrez (Directora de infraestructuras y movilidad de la Diputación Foral de Álava) y Manuel Uriarte (concejal PP). El perjuicio ocasionado, como mínimo, a las arcas municipales, según el Tribunal de Cuentas por el sobreprecio de la renta pagada y su actualización gravosa desde marzo de 2007, hasta la firma de la adenda al contrato por el cual se modifican las condiciones de pago del mismo (noviembre 2013), se elevan a un total de 516.514,36 €, correspondiendo 457.784,76 € al principal y 58.729,60 € a los intereses de demora. Las once personas a las que se juzgará por esta causa han tenido que depositar avales personales por la totalidad de la cantidad descrita.

Esa es, a día de hoy y de manera muy resumida la posición del Tribunal de Cuentas que nadie va a defender el próximo lunes en la Sala de justicia del citado Tribunal. Y decimos que nadie va defenderla por que a día de hoy desconocemos cual es el contenido de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento. No se sabe si la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el cambio de gobierno es acorde a las responsabilidades establecidas en las actuaciones previas o no. La demanda conjunta interpuesta por los grupos municipales de PNV y PSE obvia la responsabilidad contable de los concejales de Hacienda a los que el Tribunal de Cuentas si les atribuye haber causado daño a las arcas municipales con su proceder. Y por último, el Ministerio Fiscal, ni va a comparecer en el juicio contable en defensa del interes publico, por que de manera torticera, se retiró en el último suspiro de la causa.

En auto de la Consejera de Cuentas del Tribunal, de 29 de octubre de 2015, estableció que la cuantía del juicio contable era indeterminada por la existencia de partidas derivadas de ese alquiler que no se han podido cuantificar, como el coste de unas obras, las cuotas de la comunidad y otras rentas. En ese momento procesal, el Fiscal del Tribunal de Cuentas se ratificó en que el daño a las arcas municipales rondaba el medio millón de euros, cuantía que se impuso como fianza a la junta de gobierno del consistorio que adoptó la decisión de alquilar el local en 2007. El Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, desde que el 18 de junio de 2014, día que solicita que fuera propuesto un Delegado Instructor para la causa, no se opone a ninguna de las decisiones del Tribunal de Cuentas en este caso, como pueden ser por ejemplo, la imposición de las fianzas por más de medio millón o la no aceptación del recurso interpuesto contra el Acta de Liquidación Provisional y la Providencia de Requerimiento de Pago presentado por María Ángeles Gutierrez. En escrito de 30 de abril de 2015 el Ministerio Fiscal se opuso al recurso solicitando su desestimación y pidió la confirmación de las resoluciones recurridas.

¿Qué es lo que ha sucedido entre el 29 de octubre de 2015 donde el Ministerio Fiscal se ratifica en el daño causado a las arcas públicas y el 15 de febrero de 2016 donde la fiscalía retira la acusación? En términos procesales nada. No hay nuevos trámites ni se aporta documentación nueva a la causa que justifiquen este cambio de criterio de la Fiscalía en este caso. Sin nada nuevo a la vista, el Ministerio Fiscal cambia sin justificación alguna su criterio mantenido codo con codo con el Tribunal de Cuentas durante 21 meses de instrucción del caso. ¿A qué criterio obedece el desistimiento de la Fiscalía en la causa? ¿Tiene que ver la afiliación política de los juzgados? ¿Su posición en órganos del Gobierno? ¿El papel que juega alguno en el partido del Gobierno en funciones actual? Recordar que el Ministerio Fiscal es el órgano dependiente del Gobierno encargado de velar por el interés público de los ciudadanos.

De todas formas, para la iniciativa ciudadana Adi!, el daño infligido a las arcas municipales, al dinero de todos en definitiva, va mas allá del perjuicio del sobreprecio pagado en concepto de renta al hostelero Gonzalo Antón. Desde Adi! ponemos en cuestión la totalidad de la renta pagada con dinero de todos por un alquiler a todas luces innecesario en su momento, realizado deprisa y corriendo meses antes de finalizar la última legislatura de Alfonso Alonso, con el único objetivo de beneficiar al hostelero Gonzalo Antón, para que éste pudiera rentabilizar la adquisición de unos locales en los bajos de unas viviendas de lujo comprados meses antes. ¿A cambio de qué Alfonso Alonso y Javier Maroto? ¿Hubo contrapartida previa o posterior por este gravoso contrato adjudicado a dedo al hostelero Gonzalo Antón?

Son preguntas que aun no tienen respuesta, pero que a la vista parcial de la documentación obrante en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde Adi! denunciamos que antes de la firma del contrato, en el Ayuntamiento de Vitoría-Gasteiz por parte de técnicos y representantes públicos no se actuó con el rigor necesario. Una vez firmado el contrato la actuación de técnicos y representantes públicos tampoco resultó la mas rigurosa en defensa del interés público. Sobre las consecuencias que puedan derivarse de esa forma de proceder, aún es pronto para adelantar más detalles, ya que de nuevo nos hemos encontrado con la negativa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a facilitarnos mas documentación sobre el tema. Esta vez no ha sido vía decreto como con el anterior alcalde Javier Maroto que logramos tumbar en los tribunales. Esta vez ha sido personal técnico quien nos ha denegado la información que ha de ser accesible a la ciudadanía, personal técnico que participó de manera directa en la confección del contrato de alquiler para que se adecuara a las necesidades econónicas requeridas por Gonzalo Antón al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Nos parece muy grave esta forma de actuar y no vamos a cejar en nuestro empeño de recabar toda la información necesaria para llegar a esclarecer hasta la última responsabilidad de este trato de favor a cuenta del dinero de todos, por encima de todas las piedras que nos quieran poner en el camino.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2016