Tribunal de Cuentas

[NOTA] ADI! ante el nombramiento de Mariscal de Gante para resolver el #alquilerSanAntonio

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Las cuatro ministras del primer gobierno de Aznar: Loyola de Palacios, Margarita Mariscal de Gante, Esperanza Aguirre y Isabel Tocino.

El nombramiento de la ex ministra Mariscal de Gante como presidenta del Tribunal que resolverá el caso “San Antonio”, creemos que obstaculizará el esclarecimiento del caso, y que no ayudara a una sentencia objetiva del mismo.

Cabe recordar que Mariscal de Gante fue la titular del Ministerio de Justicia con el Gobierno de Aznar, y que será la responsable de analizar, junto con un magistrado nombrado por el PP Jose Manuel Suarez y otro nombrado por el PSOE, el recurso presentado por los populares contra el fallo del Tribunal de Cuentas. Leer el resto de esta entrada »

El Tribunal de Cuentas aplaza sin fecha la vista previa del #alquilerSanAntonio @NoticiasdeAlava

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La vista previa del día 20 de enero no se celebrará por el traslado de la sede de esta institución. El organismo citará “a la mayor brevedad” a Maroto y Alonso

Txus Díez Josu Chavarri – Viernes, 15 de Enero de 2016

La vista previa fijada el 20 de enero en el Tribunal de Cuentas para decidir si se celebra o no un juicio contable contra los exalcaldes de Gasteiz Alfonso Alonso y Javier Maroto ha sido aplazada y no hay de momento una nueva fecha para su celebración, aunque se tratará de volver a convocar a las partes “a la mayor brevedad”. Este órgano investiga a los dos políticos por pagar al empresario Gonzalo Antón un alquiler superior al estipulado por los técnicos por el alquiler de las oficinas de la calle San Antonio.

Según confirmó ayer este diario con el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en el Estado, la sede del Tribunal se va a trasladar de su emplazamiento actual, lo que ha motivado la suspensión de esta vista, en la que además estaban citados los demás miembros del equipo de gobierno de 2007 -Idoia Garmendia, Alfredo Iturricha, Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos-, cuando Alonso era alcalde y Maroto su concejal de Hacienda. Todos ellos han debido abonar 55.000 euros cada uno que recibirá el Ayuntamiento si hay juicio y se determina que hubo responsabilidad.

También han debido abonar fianzas, aunque menos cuantiosas, la edil socialista Marian Gutiérrez, responsable de Hacienda en la siguiente legislatura y que intentó sin éxito rebajar el cuantioso alquiler al empresario; y su sucesor, el popular Manu Uriarte. En este caso se estudia la responsabilidad de ambos por aplicar el IPC que estipulaba el contrato firmado en su día.

La citación a Alonso, Maroto y el resto de exconcejales ha coincidido, por tanto, con la mudanza del Tribunal de Cuentas de su actual sede de la madrileña calle Fuencarral a Ortega y Gasset, en el entorno del Paseo de la Castellana. “Dado que la Sala de Justicia de esta nueva sede no estará aún disponible y acondicionada en la citada fecha de 20 de enero de 2016”, el Tribunal acuerda el aplazamiento en aplicación de los artículos 183 y siguientes de la Ley Procesal Civil. Así se lo comunicó este órgano ayer al Ayuntamiento de Vitoria, personado en la causa. De hecho, PNV, PSE y EH Bildu fueron quienes comunicaron lo sucedido al Tribunal al remitirle las conclusiones de la comisión de investigación celebrada entre finales de 2013 y principios de 2014 en el Consistorio.

En aquella comisión comparecieron Maroto, entonces alcalde, o los máximos responsables técnicos de la Hacienda municipal en los días en que se firmó el contrato, pero tanto Alfonso Alonso como Gonzalo Antón, que a fin de cuentas fueron quienes protagonizan esta historia, se negaron a dar su testimonio a la Corporación, amparándose en su derecho a hacerlo al no formar parte de la institución. En las sesiones celebradas en la Casa Consistorial se confirmó que los técnicos municipales fijaron un precio inferior al que después firmó Alonso, pero según los comparecientes del Partido Popular e incluso el entonces director de Hacienda, dicho cálculo no se ajustaba a la situación del mercado y por ello se modificó el precio a favor del arrendador. Sin embargo, también Vitoria pagaba el IBI del local y los gastos de comunidad, que habitualmente corren a cargo del que alquila en este tipo de contratos. La comisión reprobó a Maroto, alcalde por aquel entonces, bajo el reproche de “mentir” cuando dijo en 2007 que había una opción de compra sobre el local y que a los veinte años pasaría a ser de propiedad municipal, cuando aseguró en la comisión que se cerró la operación de forma urgente por la necesidad de trasladar la oficina de turismo de General Loma (que siguió en esa plaza dos años más), y cuando dijo que el contrato no se podía renegociar, pues él mismo pactó una nuevas condiciones escasos meses después.

A preguntas de los periodistas, ayer Maroto dijo desconocer las causas del aplazamiento, aunque aventuró que podía deberse a razones técnicas, como así era efectivamente. El actual gobierno municipal rehusó pronunciarse, mientras que el portavoz del PSE, Peio López de Munain, expresó su “lástima” por el retraso, pero destacó que “la espera será buena si al final se hace justicia con los vitorianos y vitorianas, que son realmente los grandes perjudicados”. En todo caso, y habida cuenta de que “Maroto y Alonso ya han tenido que pagar por ello y además haciendo uso de su propio patrimonio, las sospechas sobre cómo se gestó este contrato siguen más presentes que nunca”, dijo.

Para Jorge Hinojal, de Sumando-Hemen Gaude, “el Tribunal de Cuentas está altamente politizado”, y por ello su grupo quiere creer que la dilación no es “una maniobra más del PP” en pleno proceso de negociaciones para conformar un nuevo gobierno en España. “Nos apena que no se celebre porque Vitoria se merece la verdad en este asunto; si es por un traslado de edificio que sea cuanto antes”, deseó. El portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, pidió “la máxima celeridad para tener una sentencia definitiva cuanto antes”, pues “el PP perjudicó a la ciudadanía y Alonso y Maroto tienen que pagar sus responsabilidades”. Irabazi también reclamó “más transparencia para que no vuelva a pasar”. Por último, la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, dijo no albergar “mucha esperanza con respecto a lo que decida el Tribunal de Cuentas”, pese a que “ha quedado demostrado que hubo un chanchullo”. Además, dijo confiar en que el retraso en la vista previa sea “algo puntual”.

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